Pidenco es un predio forestal de más de dos mil hectáreas situado en las proximidades de Lumaco y Capitán Pastene, usurpado desde el año 2012 por comunidades mapuches afiliadas a la CAM. Según la entonces vocera de la ocupación, esta tuvo por objeto la recuperación de tierras ancestrales y de un espacio en el cual realizar “vida mapuche” sin interferencias extrañas. En julio de 2021, mientras participaba junto con otros miembros de la CAM en un ataque con armas de guerra en contra del predio forestal Santa Ana Tres Palos, en Carahue, resultó muerto de un disparo en la cabeza Pablo Marchant, conocido como “Toñito”. La CAM decidió enterrarlo ilegalmente en el fundo Pidenco a vista y paciencia de las autoridades, incapaces de impedir la inhumación ilegal y de acercarse siquiera al lugar donde, a todas luces, se encontraban reunidos otros violentistas. Las imágenes se volvieron virales por algunos días y luego cayeron en el olvido hasta los sucesos de la semana antepasada.

En el marco de la causa que se sigue por los hechos de 2021, la madre de Marchant solicitó, y el tribunal autorizó, la realización de un peritaje sobre el cuerpo de su hijo, sepultado al interior del fundo. Como es obvio, esta diligencia solo se puede cumplir previo ingreso al lugar de los funcionarios policiales. Tras un intento de entrada fallido en septiembre del año pasado, se planificó durante meses un operativo que se ejecutó a fines de marzo. Pero, tal como informó la Fiscalía, el procedimiento “no se pudo realizar, ya que tanto al ingreso, por la comuna de Lumaco y por la localidad de Capitán Pastene, los funcionarios fueron recibidos a disparos”. También se registraron balaceras en el lugar en que se encuentra enterrado Marchant. “Esto frustró la diligencia, por cuanto se ponía en peligro la integridad física de los participantes”, concluyó la vocera de la Fiscalía.

La gravedad de estos sucesos es difícil de exagerar. Pidenco se suma a otras zonas del país como Temucuicui, donde ni siquiera pudo realizarse el censo en 2024, en las cuales los agentes del Estado de Chile no solo no tienen presencia, sino que son repelidos a balazos. En esos vastos territorios se pueden cometer impunemente toda clase de delitos, desde usurpaciones e inhumaciones ilegales hasta tenencia y porte de armas prohibidas. El Gobierno ha anunciado que investigará los delitos asociados a la frustración del operativo, señalando que no puede haber zonas “invulnerables”. Cualquiera sea el significado que se quiera dar a esta última palabra, aquí se trata de mucho más que eso. Tal como se demostró en el proceso contra Héctor Llaitul que terminó en sentencia condenatoria, estas zonas donde el Estado de Chile está ausente son el refugio y la base de operación de organizaciones criminales que tienen no solo la desfachatez, sino también el poder para enfrentarse sin consecuencias a las fuerzas policiales y militares. El Estado, que goza del monopolio de la fuerza y al que todos obedecemos para obtener protección, está fracasando en su función más básica. Sin un control territorial efectivo como condición mínima, no puede haber orden, ni justicia ni paz.