Más de 12 mil escolares de la Región de Magallanes están sin poder asistir a clases porque sus maestros se encuentran en huelga ilegal. No es el primer Servicio Local de Educación Pública, SLEP, que atraviesa por una situación similar, pese a la corta historia del sistema que traspasó los colegios desde los municipios a estas nuevas entidades. No obstante, las razones del paro no son fáciles de comprender para los padres de familia, que están con los niños en sus casas sin recibir los servicios educacionales a los que tienen derecho y a los que el Estado chileno se ha comprometido.

La Municipalidad de Punta Arenas traspasó sus escuelas luego de haberlas apoyado mientras dependían de ella. Por cierto, eso significaba un aporte municipal extra que no estaba cubierto por las subvenciones escolares, lo que implicaba una exigencia adicional, pues una vez que las escuelas se desprenden del municipio dejan de recibir esa contribución. Pero el problema ahora surge porque el nuevo director ejecutivo del SLEP propuso un aumento salarial que, según el director de Educación Pública, de ponerse en marcha significaría un riesgo para las finanzas del Estado. Los profesores, entusiasmados con la oferta y ante la imposibilidad de que se cumpla, han resuelto suspender las clases como método de presión. Una vez más, los que pagan las consecuencias son los inocentes estudiantes.

La creación de los SLEP fue el resultado de las reformas educacionales adoptadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y, como lo afirmó ella, la idea fue agrupar las escuelas de varios municipios en estos servicios que debían ser similares a los de salud. Pero en su instauración se siguieron muchos de los mismos lineamientos de estos últimos sin corregir sus defectos más evidentes. Así, los directores de cada servicio son funcionarios de confianza del Presidente de la República, quien los nombra luego de un proceso de Alta Dirección Pública. Se trata de una autoridad unipersonal que tiende a la centralización, pues no es nominado localmente ni tiene un consejo directivo que lo nombre y lo pueda remover. Ahora, el paro demuestra cómo las dificultades que surgen en un SLEP rápidamente se convierten en un problema para el Ministerio de Educación, de la misma forma como los problemas de salud llegan de inmediato al ministro del ramo. La municipalización, además de haber acercado a las escuelas a la realidad local, intentaba circunscribir estos conflictos al nivel comunal, donde resultaba en principio más fácil llegar a acuerdos.

La centralización conlleva riesgos, sin duda, y quienes sufren sus efectos son, en lo inmediato, los estudiantes y sus familias. Pero a la larga es toda la educación pública la que se va desprestigiando y perdiendo alumnos. El país se va acostumbrando también a esta disminución de su relevancia y hoy nadie se sorprende de que menos de la mitad de los escolares asistan a escuelas públicas.

En Chile es cada vez más clara la importancia de una buena educación para que las personas puedan surgir en la vida. Así, además, se va configurando un país de ciudadanos capaces no solo de trabajar productivamente, sino también dotados de un nivel cultural que les permita apreciar las grandes obras de arte y participar de los avances intelectuales. Situaciones como este paro solo nos alejan de aquello.