Los cambios de la ministra de Defensa, Maya Fernández —que debió renunciar en medio de la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Allende—, y del jefe del equipo de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, protagonista de algunos de los principales conflictos en que se ha visto involucrado el mandatario y su gobierno, confirman que el entendimiento del líder frenteamplista con el Socialismo Democrático tiene límites y códigos.

Al Ministerio de Defensa llega Adriana Delpiano, una figura tradicional de la Concertación, coalición cuya defenestración fue parte central del discurso y biografía política de Gabriel Boric. En tanto, al Segundo Piso —que acoge al círculo de confianza estrecha del gobernante y parece terreno vedado a quien no comparte la “escala de valores y principios” de la generación frenteamplista— llega uno de los fundadores del partido, Felipe Melo.

Esa ecuación, que parece ya inamovible, le ha permitido al Ejecutivo tener cierta capacidad de gestión basada en la experiencia de expersoneros y colaboradores de la Concertación, pero ha privado al Presidente de una voz más experimentada, no vinculada a sus afectos y trayectoria personal, capaz de contener sus pulsiones y evitarle los múltiples errores no forzados autoinfligidos durante estos años.

Esa voz podría haber desaconsejado que el Presidente Boric se sumara al coro de estridentes apoyos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, investigada por tráfico de influencias y cohecho. La circunstancia de que la incautación del teléfono celular y computador de Cariola, lamentablemente coincidiera con el día del nacimiento de su hijo, sirvió para todo tipo de descaminadas embestidas en contra de la investigación por parte de la defensa de la diputada, a las que se sumaron distintas autoridades y figuras del oficialismo. Tras días de duras acusaciones y críticas en los medios de comunicación en contra del Ministerio Público y las policías que ejecutaron la diligencia y elaboraron un informe en el proceso, en la audiencia judicial fijada precisamente para analizar esas supuestas irregularidades sorprendentemente la defensa de Cariola se desistió de sus reclamos.

Con todo, las acusaciones sobre “violencia obstétrica”, persecución política, ensañamiento con una figura femenina, “amedrentamiento con escándalo en la clínica al padre del menor” y “cadena de errores” del informe policial, entre otras, le sirvieron para afrontar comunicacionalmente el tema y evitar tener que referirse al fondo de lo que se está investigando. De paso, esta estrategia hizo recordar el guion seguido en su momento por la entonces vicepresidenta de la Cámara y expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, cuyo desafuero en el llamado caso Democracia Viva será próximamente resuelto por la Corte Suprema. “No voy a aceptar que una mujer deba responder por hombres adultos”, dijo en su momento la diputada Pérez para deslindar su responsabilidad.

Es evidente que el Presidente al apoyar a Cariola implícitamente cuestiona la tarea de la Fiscalía y del tribunal de garantía que autorizó la medida, tensionando la separación de poderes. De hecho, su ministro de Justicia (perteneciente al Partido Comunista al igual que la diputada) llegó incluso a sostener en referencia a la oportunidad de la incautación que el fiscal “debe explicar más por qué no lo hizo antes”, como si el órgano persecutor debiera dar razones al Ejecutivo por su actuar y no ser los tribunales justicia el lugar donde se resuelven este tipo de materias. De más está decir que no ha habido rectificaciones públicas del Presidente frente a estas graves declaraciones de su ministro.

Filtraciones e investigación

Las últimas filtraciones de mensajes entre la diputada Cariola y la exalcaldesa Hassler han puesto en el centro de las críticas la incapacidad del Ministerio Público para resguardar la reserva de sus actuaciones y la eventual extralimitación de su cometido al incluir en la carpeta investigativa conversaciones contenidas en los teléfonos que difícilmente pueden considerarse que tengan una relevancia en relación con los eventuales delitos que se persiguen.

Más allá de esperar los resultados de la investigación que ayer abrió la Fiscalía sobre esta materia y las eventuales responsabilidades que se puedan determinar, estén o no dentro de esa institución, cabe reiterar el desafío que tiene el Ministerio Público de resguardar los elementos probatorios que tiene a su disposición y centrarse exclusivamente en lo que puede tener interés investigativo.

La incautación de aparatos electrónicos es una medida intrusiva de gran intensidad que requiere ser utilizada tomando las prevenciones acordes con los daños que su mal uso puede generar. De un tiempo a esta parte, sin embargo, respecto de distintos procesos la ciudadanía ha venido conociendo sucesivos fragmentos de conversaciones sostenidas vía mensajes en los que se mezclan antecedentes de todo tipo, desde indicios de graves delitos hasta conversaciones banales, comentarios políticos o incluso abiertas groserías.

De ahí que el Ministerio Público y las policías debieran revisar sus procedimientos y ser especialmente prolijos, evitando cualquier sombra de duda respecto de su proceder, de forma que los procesos avancen sin interferencias, cualquiera sea la persona, entidad o país que se vea afectado.