El asesinato del matrimonio González Calleja a manos de un grupo de asaltantes armados que atacaron su casa en la zona rural de Graneros es un nuevo llamado de atención para quienes conducen el Estado y son responsables de su cometido más básico, garantizar la seguridad de las personas. Ninguna otra prestación estatal tiene sentido si los ciudadanos no pueden circular tranquilos por las calles. Este caso muestra con brutal dramatismo que ni siquiera es posible sentirse seguro al interior de la propia casa. En zonas rurales, la delincuencia se ha convertido en un flagelo cotidiano que en el último tiempo ha cobrado decenas de víctimas fatales y provocado cuantiosas pérdidas. En este aspecto, igual que en varios otros, el país ha retrocedido.

La Sociedad Nacional de Agricultura y otros representantes del sector venían desplegando desde hace meses una agenda de reuniones con el ministro de Agricultura, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario Luis Cordero; el fiscal nacional, Ángel Valencia; parlamentarios y otras autoridades, con el fin de sensibilizarlos respecto del incremento cualitativo y cuantitativo de la delincuencia en zonas rurales. Según ha trascendido, en estas conversaciones se ha requerido una vez más reformar el Derecho Penal para endurecer las penas y entregar mayores facultades a las policías y el Ministerio Público. Estos llamados son comprensibles cuando provienen de las propias víctimas, y tal vez sea posible mejorar algunos dispositivos legales para dotar de mayor eficiencia al sistema.

En general, sin embargo, el incremento de figuras penales y el endurecimiento de las penas son conocidamente ineficaces para prevenir y combatir la delincuencia si es que no se refuerza la capacidad de las instituciones encargadas de aplicarlas y, sobre todo, si se sigue descuidando la prevención. La delincuencia se ataca en primer lugar con políticas públicas de prevención y sistemas eficaces de inserción y reinserción social. En cambio, el sistema de persecución penal siempre llega demasiado tarde y, a menos que Chile quiera convertirse en un Estado policial, carecerá sistemáticamente de los recursos necesarios para hacerse cargo de la complejidad de las causas y efectos del delito.

Se supone que la creación del Ministerio de Seguridad Pública inaugurará una nueva era en la forma de enfrentar el flagelo de la delincuencia, integrando y coordinando la labor de diversas instituciones y reparticiones públicas. Es de esperar que su labor no resulte esterilizada por la burocracia, las ideologías, el populismo cortoplacista y el diletantismo penal.

Existe abundante experiencia comparada en el combate contra la delincuencia y la tecnología ofrece inmensas posibilidades. No obstante, solo una acción directa sobre las personas en riesgo para ayudarlas a descubrir y realizar proyectos de vida armónicos y dotados de sentido individual y social permitirá revertir en el mediano y largo plazo el peligroso proceso de desintegración en que se encuentra el país.