Si hay algo que ha ido quedando de manifiesto en los últimos años es la displicencia con que autoridades del gobierno central, regional o municipal han manejado los recursos públicos. Las situaciones más graves tienen alcances penales o administrativos, y otras que si bien podrán ajustarse formalmente a la ley, dan cuenta de un nivel de improvisación, falta de rigor técnico, indolencia y aprovechamiento político de los cargos para gastar dineros del Estado en beneficio de sus intereses partidarios o personales que, a pesar de lo frecuente, no dejan de sorprender una y otra vez. Naturalmente, estos abusos y mal uso de los recursos no son privativos de un sector político, tal como lo evidencian las investigaciones judiciales que se realizan de las gestiones alcaldicias de autoridades de distinto signo.

Lo sucedido con la compra fallida por parte del Estado de la que fuera la casa de Salvador Allende es un buen ejemplo de ello. Si bien el Tribunal Constitucional y la justicia penal determinarán si hay o no una infracción constitucional (la sola lectura de la norma parece dejar poco espacio para interpretaciones creativas) o penal, los antecedentes que se han ido acumulando traslucen al menos esa displicencia y mal uso de los recursos.

Si en un comienzo se hablaba solo de una profunda desprolijidad de quienes participaron de este proceso por ignorar las prohibiciones que tiene una senadora o una ministra para celebrar contratos con el Estado y de la molestia de muchos sectores de izquierda por haber expuesto a la familia Allende a esta incómoda situación, con las nuevas informaciones conocidas todo este episodio adquiere otra dimensión.

No solo hay distintas advertencias sobre los problemas jurídicos que podría acarrear la suscripción de ese contrato, sino que se observan patentes conflictos de intereses. La familia Allende, lejos de tener un papel pasivo, es la que hace las propuestas, e incluso plantea que la Casa Museo sea entregada luego en comodato a la Fundación Allende, dirigida por la misma familia. ¿Era esta la mejor alternativa para lograr el objetivo buscado y resguardar los dineros públicos? Las autoridades de gobierno parecían obnubiladas por la idea de lograr un objetivo político, sin importarles los costos en que se incurría y los problemas jurídicos que pudiera acarrear la firma del contrato.

Intercambio de mensajes

Parte de lo divulgado recientemente en el llamado caso Sierra Bella, en que se conocieron mensajes entre la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola (ambas militantes del Partido Comunista), es otra prueba de eso mismo. En efecto, basta leer las conversaciones entre ambas y cómo surge la intención de comprar la clínica Sierra Bella, para apreciar esa falta de rigor, la improvisación y, sobre todo, la idea siempre presente de aprovechar políticamente las inversiones de dineros públicos. Si bien en este aspecto los mensajes están lejos de ser concluyentes respecto de la existencia de un eventual ilícito en que pudieran haber ellas participado, lo que traslucen al menos es una forma de comportamiento en que decisiones que involucran miles de millones de pesos de dinero público no están sujetas a estudios serios y profesionales y a una adecuada priorización sobre la mejor manera de enfrentar las múltiples necesidades de la población con los siempre escasos recursos con que se cuenta.

La otra arista que revelan los mensajes entre la alcaldesa y la diputada sobre un eventual tráfico de influencias presenta mayor gravedad y abre flancos hasta ahora desconocidos que podrían tener profundos alcances que excedan sus casos particulares. Si bien es lamentable que la materialización de la incautación ordenada por un tribunal de los dispositivos electrónicos de la diputada Cariola haya coincidido con un día tan especial para ella y su familia, el del nacimiento de su hijo, las explicaciones que la Fiscalía ha dado sobre las razones que motivaron la medida y la secuencia de los hechos permiten entender que lo sucedido no puede asimilarse a una persecución política. Más descaminado es plantear la acusación de que se obró sin “perspectiva de género” —algunas autoridades se han centrado en este punto sin siquiera referirse al fondo de la investigación—, como si los funcionarios públicos tuvieran que conocer y distinguir entre las situaciones particulares para ejecutar diligencias en una investigación.

La propia diputada Cariola, luego de ocurrida la incautación, declaró que “se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”, y luego agregó estar “siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”. De ahí que no se entienda que ahora su defensa pretenda pedir la “nulidad de todos los actos, consecuencias y efectos de esa diligencia indebida”, y denunciar una supuesta vulneración a la perspectiva de género, por la oportunidad en que se hizo la incautación.

Más que buscar excusas o poner trabas a una investigación tan delicada como esta, se esperaría de todos los actores públicos dejar que el proceso avance sin interferencias políticas, cualquiera sea la persona, entidad o país que se vea afectado.