Las declaraciones del gerente general de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), Julio Friedmann, en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, argumentando que los equipos de la empresa habían advertido respecto de los daños patrimoniales sobre la empresa estatal que podría generar el plan “Gas a precio justo”, impulsado por el Gobierno, dan cuenta de la liviandad con que el Ejecutivo enfrenta los problemas económicos y trata los recursos fiscales.

Bajo la promesa de que la acción empresarial del Estado ayudaría a paliar los efectos de una supuesta falta de competencia en el mercado del gas, el Gobierno se lanzó en un programa de generosas promesas y altos costos. Como detalla un reciente informe de la Contraloría General de la República, el programa representó importantes pérdidas a la estatal, que deben ser restituidas al patrimonio de Enap, lo que todavía no ha sucedido. El informe de Contraloría también obliga a abrir una serie de sumarios, considerando la falta de antecedentes al momento de realizar el plan.

Más allá de los problemas administrativos que puedan existir, este caso da cuenta de la desprolijidad del Gobierno en el manejo de los recursos públicos. Impulsar un plan deficitario a través de una empresa pública permite ocultar programas de gasto en instituciones o balances distintos al del Gobierno Central. Aunque los montos involucrados en este caso sean pequeños, la intervención de las empresas públicas para realizar política fiscal es una mala práctica que debe ser erradicada.

A su vez —y en lo que constituye el tema más profundo—, el fracasado plan del Gobierno da cuenta de la errada concepción que tiene a la hora de enfrentar posibles fallas de mercado. En vez de buscar corregir tales fallas, las autoridades del Gobierno acuden a la acción pública como si esta fuese capaz de proveer gas a precios competitivos. Esta experiencia demuestra que ello no es así, y que el voluntarismo respecto del rol empresarial del Estado puede traducirse en importantes costos fiscales, ya sea directos o indirectos, a través de empresas estatales deficitarias.