La reanudación de las clases en la educación pública de la comuna de Santiago, donde asisten unos 30 mil estudiantes, no llegó a producirse debido a un paro indefinido de los profesores. Diferencias en la interpretación de las obligaciones municipales parecen haber sido el detonante del conflicto, puesto que el alcalde ha afirmado que va a pagar los bonos que reclaman los profesores, pero, a la vez, ha asegurado que no es una obligación contractual. Los profesores, en cambio, quieren que se reconozca la obligación del municipio y esta diferencia ha repercutido en que unos 25 mil alumnos, de 40 escuelas municipales, de un total de 44, se quedaran sin clases en la tradicional fecha de la primera semana de marzo.

La disputa entre el alcalde y los docentes bien puede calificarse de diferencias usuales entre el responsable de los colegios y sus trabajadores, pero la actitud de ellos de suspender todas sus actividades, dañando así a los estudiantes, resulta chocante e inadmisible. De esta forma se está utilizando a los niños como rehenes, puesto que no se les impartirá educación mientras los docentes no alcancen un acuerdo firmado con el alcalde, que sea satisfactorio para ellos mismos. Más aún, resulta doblemente inquietante que el presidente del Colegio de Profesores afirme que la responsabilidad de esta ausencia es por entero atribuible al alcalde, en circunstancias que han sido ellos los que acordaron no esperar la solución al conflicto y debieran, cuando menos, aceptar su responsabilidad en la decepción que han provocado tanto a los niños como a sus padres.

Es muy posible que este conflicto tenga especial significado para los docentes, por cuanto dentro de un año los colegios de la Municipalidad de Santiago debieran ser traspasados al Servicio Local de Educación Pública correspondiente y, por tanto, precisan que sus sueldos estén debidamente registrados. Ya con la alcaldesa Hassler se presentó la misma situación, pues ella tampoco estaba de acuerdo con que estuviera forzada por ley a pagarles los bonos que ellos reclaman, pero el problema se solucionó en forma rápida. Esta vez, precisamente por la gestión de la alcaldesa, la Dirección de Educación Municipal tiene un déficit estimado en $26 mil millones, lo que dificulta una solución rápida, pero el problema, según los profesores, es que se reconozca el derecho a recibir esos bonos, para así asegurarse de que los seguirán recibiendo después del traspaso.

Las dificultades que acarrea la suspensión de clases han quedado claramente demostradas en el mundo entero como consecuencia de la pandemia. Mientras mayor fue la pérdida de clases, mayores han sido los efectos deletéreos que se observan en la educación de los niños. Y es un fenómeno de carácter universal que ha motivado a muchos padres de familia a organizarse para intentar impedir que se sigan produciendo suspensiones de clases. Pero este hecho, que debiera importar a los profesores más que a nadie, pues demuestra la importancia de su labor, parece que no lo hubieran captado, pues livianamente siguen interrumpiendo el proceso cada vez que lo estiman útil para sus intereses gremiales.

La reacción natural de los padres ante esta indiferencia de los profesores es abandonar la educación pública, como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos decenios. En la Región Metropolitana, solo alrededor del 20% de los estudiantes asiste a las escuelas públicas, en tanto se empinan ya casi en un 60% los que acuden a colegios particulares subvencionados. De continuar manifestaciones de protesta como la actual, esas cifras seguirán reflejando el desprestigio de la educación pública, aunque se empeñen en poner trabas para abrir nuevos colegios particulares y dificulten la matrícula de nuevos alumnos.