Una de las características distintivas del proceso de estancamiento económico que experimenta Chile por ya más de una década, es una estable caída de la productividad total de factores. El tema ha sido planteado en múltiples oportunidades desde la Comisión Nacional de Productividad (hoy CNEP). Más recientemente el análisis técnico de la institución ha además incluido el estudio de la evolución de la productividad laboral, comprobándose que desde 2011 en adelante su crecimiento ha sido muy acotado.

Abordar este tipo de desafíos requiere una visión precisa del costo que ha tenido el prolongado enfriamiento de nuestro potencial de crecimiento. En particular, es necesario reconocer que la oportunidad de dar un salto al desarrollo, la misma que fue proyectada en su momento por el expresidente Lagos y por el expresidente Piñera, hoy está más distante que hace una década. Un deficiente diagnóstico respecto de la solidez de nuestro sistema económico, un sesgo ideológico anacrónico de parte de la izquierda y errores en el diseño de políticas públicas que, si bien fueron muchas veces advertidos, no contaron con la atención de parlamentarios y autoridades, fueron pilares de este retroceso. Las responsabilidades políticas del desenlace son compartidas.

En el ámbito laboral y educacional los ejemplos sobran. Una agenda de rigidización del mercado del trabajo no ha tenido mayores contenciones dentro de la clase política nacional. Los aumentos en el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, una Dirección del Trabajo que no parece preocupada por la evolución del empleo, tribunales que han interpretado la legislación en forma antojadiza, la ausencia de políticas de formación para utilizar el cambio tecnológico (lo que acelera la sustitución de humanos por máquinas), un empleo público sin criterios de evaluación objetivos, representan algunas de las decisiones que el Estado ha tomado y que son funcionales a la menor productividad del empleo presente. A esto se suman los errores de política en los distintos niveles de formación escolar que tienen, por ejemplo, a la educación pública enfrentando una situación delicada. Esto, probablemente, afectará la productividad del trabajo en el futuro.

Así, es necesario reconocer que muchos de los ingredientes que explican que Chile haya crecido bajo el 1,8% desde 2019 en adelante fueron explícita o tácitamente aceptados por quienes tuvieron al país a cargo antes de esa fecha. Y, desde entonces, con el propósito de continuar evitando aceptar las responsabilidades, el debate político ha soslayado la obligación de tener una discusión sincera respecto de la necesidad de revisar posiciones y reestructurar profundamente la política pública para que el país vuelva a crecer.

Por cierto, la violencia de octubre de 2019, las posteriores manifestaciones y descontrol, y luego la pandemia, fueron de suficiente gravedad como para poner en pausa ese debate. Sin embargo, en momentos en que se inicia el último año de la administración del Presidente Boric que, sin enfrentar crisis externas, va camino a convertirse en la de menor crecimiento desde los 90, parece urgente no aplazar más el reconocimiento de que el estancamiento fue la respuesta natural a errores generados desde la política. La apuesta del Estado como impulsor preponderante de progreso ha (nuevamente) fallado.

El papel de los privados

Hace más de tres décadas, Milton Friedman publicó su famoso ensayo “Por qué el Estado es el problema”. El texto tenía dos objetivos. Primero, demostrar con evidencia el sugerente título. Esto, consideró el Nobel de Economía de 1976, era la parte sencilla de su argumento. Más complicado, planteó, sería entender el porqué de ese resultado.

En lo esencial, el punto de Friedman se mantiene vigente. En el centro de los problemas del Estado está un conflicto de intereses que no puede ser resuelto con las reglas del aparato público. Y es que si bien, como en el sector privado, el interés individual y propio puede movilizar las acciones dentro del Estado, el resultado final difiere respecto de lo que ocurre en proyectos que nacen desde la iniciativa privada. Si un negocio falla, el o los dueños pierden dinero. Si lo mismo ocurre en el sector público, el flujo de recursos no para. En Chile, existen múltiples ejemplos de esto. De aquí la conclusión de que el libre mercado es el sistema más eficaz para asignar recursos y el rol de la actividad privada, el esfuerzo y talento del empresario son pilares del desarrollo de los países.

Desafortunadamente, desde hace ya bastantes años se ha establecido cierta hostilidad a la iniciativa privada por parte de distintos partidos del ala más izquierdista del espectro nacional. Esto, por supuesto, no debería sorprender si el móvil es una ideología marxista. Tema aparte es por qué tal ideología continúa siendo considerada a pesar de la evidencia que la desacredita. Por lo mismo, más particular es la extensión del cuestionamiento a la iniciativa privada de una parte importante de la izquierda chilena, la misma que logró, en conjunto con el sector privado, hacer crecer al país por décadas y acercarnos al sueño del desarrollo. Incluso dentro de parte de la oposición se detecta un sentimiento similar.

En este contexto, frente a un largo período de un crecimiento que solo ha alcanzado para mantener el nivel de vida de la población estable gracias a un creciente déficit fiscal y el uso de los ahorros de la nación, parece necesario impulsar una valoración transversal de la iniciativa privada. Esto debe estar acompañado del establecimiento de reglas claras y certeza jurídica, y de una regulación que asegure la libre competencia.

Los gremios y empresarios también deben contribuir a configurar este giro de timón. Esto implica también cambios entre algunos de ellos, pues no ha sido extraño observar cierta pasividad, incluso conformismo, respecto del rumbo al estancamiento que tomó nuestra economía hace años. El apoyo de empresarios y gremios a algunas de las equivocadas políticas públicas que atentaron contra su propia labor, limitaron la competencia y significaron menor inversión y progreso, fue reflejo de esto.

Chile requiere un empresariado ávido de competir y con propuestas disruptivas para terminar con la parálisis económica que domina.