En nuestra calidad de padres de las alumnas agredidas por la creación y distribución de imágenes de connotación sexual por parte de seis compañeros, expresamos nuestra desazón ante el fallo de mayoría de la Corte Suprema dado a conocer el miércoles 19 de febrero pasado. El fallo de mayoría parte de la base de que la justicia no puede intervenir en las decisiones de entidades autónomas, como un colegio privado, mientras estén enmarcadas en el ordenamiento jurídico vigente y apegadas a sus reglamentos internos. En eso estamos de acuerdo.

Sin embargo, la sentencia no explica cómo las sanciones que habría aplicado el Colegio se ajustan a tales reglamentos. Se limita a afirmar que ello es así, pero no se sabe la razón que sustenta la revocación de la decisión de la Corte de Apelaciones, que había acogido el recurso, disponiendo aplicar la medida de cancelación de matrícula a los principales involucrados. Sí reconoce que no hay controversia sobre la existencia de los hechos, reconocidos por los autores. Asimismo, deja establecido que escapan al ámbito de acción de la Corte las cuestiones penales y administrativas, propias de los tribunales penales y la Superintendencia de Educación. Efectivamente, la Superintendencia estableció en julio pasado que el establecimiento no adoptó el protocolo de abuso sexual que establecen las normas de convivencia escolar y tampoco garantizó el derecho a la integridad física y moral de las víctimas, aplicando una multa pecuniaria. Es obvio que el Colegio no adoptó las medidas que correspondían.

Como las sanciones del ente fiscalizador se limitan a imponer multas, recurrimos a la justicia para que se aplicara el protocolo pertinente para la protección de las víctimas y se garantizara el derecho de nuestras hijas a educarse en un contexto seguro y libre de amenazas.

Estimamos que los fallos deben ser acatados. Pero ocurre que el Colegio, una vez más, olvidando a sus alumnas, ha enviado una nueva carta a la comunidad escolar en la cual denomina eufemísticamente lo ocurrido como el caso de las “imágenes trucadas”, revelando que no adoptará las medidas que permitan defender a las víctimas de lo que a todas luces fue una gravísima agresión. No solo eso, comunica urbi et orbi que los victimarios podrán matricularse este año en el establecimiento, compartiendo espacios e interactuando con este grupo de alumnas a las que se violentó en su intimidad.

Hemos decidido exponer esto para dar testimonio de la desprotección a la que pueden verse enfrentados los integrantes de cualquier comunidad escolar, quienes quedarán sometidos de modo autónomo por quien ejerza arbitrariamente la dirección en ese momento. Reiteramos nuestra adhesión al principio de libertad de enseñanza y coincidimos en que debe ejercerse dentro del marco de la ley y de los reglamentos escolares, pero ello exige que esas normas sean aplicadas de manera idónea y consistente. Escribimos esta nota como única forma de apoyar y defender a nuestras hijas y transmitir un mensaje a la comunidad de la que formamos parte.

Esta carta fue enviada al diario por el abogado Pedro Pablo Vergara V., que la recibió de los padres de las menores afectadas, quienes no se identifican para resguardar las identidadesde sus hijas.