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RenovarEditorial
Sábado 22 de febrero de 2025
Un déficit fiscal extraordinario
Han sido meses de debate respecto de la salud de nuestras finanzas públicas y la evidencia acumulada lleva a una conclusión preocupante: el manejo de los recursos fiscales de la actual administración será uno de los peores de nuestra historia reciente.
Los datos de la deuda pública reportados por el Ministerio de Hacienda dan cuenta del rápido deterioro de nuestras cuentas fiscales. En 2022, los pasivos financieros brutos del Gobierno Central alcanzaron los $89.471.597 millones, equivalentes al 36,2% del PIB. Al cierre de 2023, los pasivos alcanzaron los $111.094.665 millones o 39,41% del PIB. Los datos preliminares de 2024 arrojan una nueva alza, elevando las obligaciones a $129.794.268 millones, equivalente al 42,3% del producto. Así, desde el inicio del Gobierno la deuda ha aumentado un 45%, una cifra extraordinaria.
Ante la ausencia de crisis internacionales, esto solo puede explicarse por una inercia del descalce de gastos e ingresos, con la que esta administración se ha sentido cómoda. Esta inercia se ha traducido en significativos déficits en los dos últimos años. Específicamente, luego de un superávit de 1,1% del PIB en 2022 (el legado del último presupuesto del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera), los déficits efectivos alcanzaron el 2,4% del PIB en 2023 y 2,9% en 2024. Esto significa que el déficit al cierre del año pasado fue en términos nominales (pesos) un 32,2% superior al del año anterior.
Tras esta dinámica se encuentra una dispar evolución de los gastos e ingresos del Gobierno Central. De acuerdo con las cifras reportadas por la Dirección de Presupuestos en los informes del Estado de Operaciones del Gobierno Central, entre 2022 y 2024, el gasto aumentó en términos nominales (pesos) un 16,2%, muy por encima de la inflación del período. Por el contrario, los ingresos sufrieron una caída de 1,2%, variación desacoplada de las proyecciones realizadas por Hacienda en, por ejemplo, la configuración del presupuesto de la nación. Las razones tras los errores de proyección de los equipos técnicos de Hacienda no han sido del todo aún dilucidadas. La revisión de los modelos estadísticos y económicos utilizados para dicho propósito sugiere falencias de capital humano básicas que no fueron detectadas y remediadas en su momento.
Estamos frente a una impericia presupuestaria histórica que hasta el momento no ha sido revertida. Ya sea por la incapacidad de controlar el gasto o anticipar de forma correcta los ingresos de la nación, el costo para el país de esta situación será significativo. La ausencia de responsabilidades políticas es una muestra de la liviandad con que la administración ha tomado estos eventos.
El desbalance estructural del Gobierno
En momentos en que el Gobierno buscaba dar una explicación a los peculiares ejercicios financieros realizados en 2023 para hacer calzar la caja fiscal —la solicitud de US$ 1.500 millones desde Corfo gatilló la discusión—, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un duro informe cuestionando la gestión de las finanzas públicas de la actual administración.
El foco del informe estuvo sobre el Balance Estructural (BE) de 2024 que alcanzó un déficit de 3,2% del PIB. Cabe recordar que el BE se construye sobre la base de las proyecciones de los ingresos y gastos del Gobierno Central a mediano plazo.
Nuestro ordenamiento económico obliga a toda nueva administración a presentar una meta autoestablecida respecto del BE en el Decreto de Política Fiscal. De acuerdo con este, en 2024 el BE debió haber sido 1,9% del PIB, muy por debajo del 3,2% calculado. La gran discrepancia de 1,3 puntos porcentuales fue merecedora del apelativo, por parte del CFA, de una desviación “extraordinaria en magnitud para un año sin crisis”.
A estas alturas, las razones aludidas por el CFA tras un incumplimiento de tal magnitud no deberían sorprender. Por una parte, el informe plantea que las erradas proyecciones de ingresos que construyó Hacienda se tradujeron en menores ingresos estructurales por US$ 5.142 millones durante 2024. Y segundo, un ajuste de gastos de solo US$ 800 millones en 2024, muy inferior a lo requerido para cerrar la brecha (se estima que el ajuste debió incluir US$ 4.342 millones adicionales) y que recayó en gasto de capital. Considerando la importancia de la inversión, realizar dicho ajuste sobre esa partida de gasto demuestra una falta de oficio por crecer.
En cuanto a 2025, las recomendaciones del CFA son tan severas como precisas. En lo esencial, plantea la necesidad de un ajuste adicional de al menos 0,5% del PIB durante el presente año, equivalente a US$ 1.554 millones, lo que llevaría a un ajuste total cercano a los US$ 2.200 millones, necesario para alcanzar la meta de BE de -1,1% del PIB establecido en el decreto de política fiscal del Ministerio de Hacienda. Para dichos efectos, propone 10 medidas, las que incluyen la obtención de ganancias de eficiencia permanentes en el uso de los recursos públicos; la preparación anticipada de un plan de ajuste exigente a mediano plazo; la optimización de los modelos de proyección de ingresos por parte de la Dipres; sistematizar y publicar los criterios para registrar transacciones bajo la línea; avanzar en la transparencia de estadísticas fiscales, entre otros. El conjunto deja en evidencia las múltiples falencias de los procesos de responsabilidad de la autoridad fiscal.
Consultado por el informe del CFA, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que en el último Informe de Finanzas Públicas de Dipres la compleja situación fiscal ya había sido revisada, anticipando que en el siguiente informe incluirá un listado de medidas para hacerse cargo del tema. Esto no es novedad, toda vez que nuestra institucionalidad obliga a la autoridad a presentar planes de ajustes si la situación así lo amerita. Será necesario entonces esperar las medidas impulsadas desde Hacienda.
Sin embargo, el tiempo corre y no existe mayor espacio para modificar el rumbo fiscal, sobre todo dentro de un gobierno que se ha mostrado indolente frente a los problemas de gestión. Así, por ejemplo, no debería sorprender que la respuesta de Hacienda frente a sus errores sea una reforma tributaria destinada a aumentar los ingresos estructurales del Estado. La oposición, que en el deterioro fiscal es responsable (los gastos son aprobados por el Congreso), debe contribuir con ideas, sobre todo dada la elección presidencial que se avecina.
Ante la ausencia de crisis internacionales, esto solo puede explicarse por una inercia del descalce de gastos e ingresos, con la que esta administración se ha sentido cómoda. Esta inercia se ha traducido en significativos déficits en los dos últimos años. Específicamente, luego de un superávit de 1,1% del PIB en 2022 (el legado del último presupuesto del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera), los déficits efectivos alcanzaron el 2,4% del PIB en 2023 y 2,9% en 2024. Esto significa que el déficit al cierre del año pasado fue en términos nominales (pesos) un 32,2% superior al del año anterior.
Tras esta dinámica se encuentra una dispar evolución de los gastos e ingresos del Gobierno Central. De acuerdo con las cifras reportadas por la Dirección de Presupuestos en los informes del Estado de Operaciones del Gobierno Central, entre 2022 y 2024, el gasto aumentó en términos nominales (pesos) un 16,2%, muy por encima de la inflación del período. Por el contrario, los ingresos sufrieron una caída de 1,2%, variación desacoplada de las proyecciones realizadas por Hacienda en, por ejemplo, la configuración del presupuesto de la nación. Las razones tras los errores de proyección de los equipos técnicos de Hacienda no han sido del todo aún dilucidadas. La revisión de los modelos estadísticos y económicos utilizados para dicho propósito sugiere falencias de capital humano básicas que no fueron detectadas y remediadas en su momento.
Estamos frente a una impericia presupuestaria histórica que hasta el momento no ha sido revertida. Ya sea por la incapacidad de controlar el gasto o anticipar de forma correcta los ingresos de la nación, el costo para el país de esta situación será significativo. La ausencia de responsabilidades políticas es una muestra de la liviandad con que la administración ha tomado estos eventos.
El desbalance estructural del Gobierno
En momentos en que el Gobierno buscaba dar una explicación a los peculiares ejercicios financieros realizados en 2023 para hacer calzar la caja fiscal —la solicitud de US$ 1.500 millones desde Corfo gatilló la discusión—, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un duro informe cuestionando la gestión de las finanzas públicas de la actual administración.
El foco del informe estuvo sobre el Balance Estructural (BE) de 2024 que alcanzó un déficit de 3,2% del PIB. Cabe recordar que el BE se construye sobre la base de las proyecciones de los ingresos y gastos del Gobierno Central a mediano plazo.
Nuestro ordenamiento económico obliga a toda nueva administración a presentar una meta autoestablecida respecto del BE en el Decreto de Política Fiscal. De acuerdo con este, en 2024 el BE debió haber sido 1,9% del PIB, muy por debajo del 3,2% calculado. La gran discrepancia de 1,3 puntos porcentuales fue merecedora del apelativo, por parte del CFA, de una desviación “extraordinaria en magnitud para un año sin crisis”.
A estas alturas, las razones aludidas por el CFA tras un incumplimiento de tal magnitud no deberían sorprender. Por una parte, el informe plantea que las erradas proyecciones de ingresos que construyó Hacienda se tradujeron en menores ingresos estructurales por US$ 5.142 millones durante 2024. Y segundo, un ajuste de gastos de solo US$ 800 millones en 2024, muy inferior a lo requerido para cerrar la brecha (se estima que el ajuste debió incluir US$ 4.342 millones adicionales) y que recayó en gasto de capital. Considerando la importancia de la inversión, realizar dicho ajuste sobre esa partida de gasto demuestra una falta de oficio por crecer.
En cuanto a 2025, las recomendaciones del CFA son tan severas como precisas. En lo esencial, plantea la necesidad de un ajuste adicional de al menos 0,5% del PIB durante el presente año, equivalente a US$ 1.554 millones, lo que llevaría a un ajuste total cercano a los US$ 2.200 millones, necesario para alcanzar la meta de BE de -1,1% del PIB establecido en el decreto de política fiscal del Ministerio de Hacienda. Para dichos efectos, propone 10 medidas, las que incluyen la obtención de ganancias de eficiencia permanentes en el uso de los recursos públicos; la preparación anticipada de un plan de ajuste exigente a mediano plazo; la optimización de los modelos de proyección de ingresos por parte de la Dipres; sistematizar y publicar los criterios para registrar transacciones bajo la línea; avanzar en la transparencia de estadísticas fiscales, entre otros. El conjunto deja en evidencia las múltiples falencias de los procesos de responsabilidad de la autoridad fiscal.
Consultado por el informe del CFA, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que en el último Informe de Finanzas Públicas de Dipres la compleja situación fiscal ya había sido revisada, anticipando que en el siguiente informe incluirá un listado de medidas para hacerse cargo del tema. Esto no es novedad, toda vez que nuestra institucionalidad obliga a la autoridad a presentar planes de ajustes si la situación así lo amerita. Será necesario entonces esperar las medidas impulsadas desde Hacienda.
Sin embargo, el tiempo corre y no existe mayor espacio para modificar el rumbo fiscal, sobre todo dentro de un gobierno que se ha mostrado indolente frente a los problemas de gestión. Así, por ejemplo, no debería sorprender que la respuesta de Hacienda frente a sus errores sea una reforma tributaria destinada a aumentar los ingresos estructurales del Estado. La oposición, que en el deterioro fiscal es responsable (los gastos son aprobados por el Congreso), debe contribuir con ideas, sobre todo dada la elección presidencial que se avecina.
