Un curso dedicado a estudiar y reparar los efectos de la “violencia institucional” se dictó recientemente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por el “Laboratorio de Estudios de la Violencia Institucional”. Con la denominación de “Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado”, el curso que duró cuatro días contó con financiamiento fiscal a través del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Sorprendentemente, las actividades desarrolladas por este laboratorio estuvieron centradas en la “represión estatal hacia la población civil movilizada” durante el estallido de violencia de octubre de 2019.

Tan extraña combinación de factores, por cierto, llamó la atención de representantes de la oposición, quienes denunciaron el financiamiento estatal de estas actividades, las que habrían estado destinadas a reparar el impacto de la fuerza policial, pero todo ello costeado mediante dineros destinados a la investigación científica.

Los organizadores han sostenido que su trabajo busca crear un espacio de aprendizaje y reflexión grupal, con el fin de mantener viva la memoria colectiva de los daños sufridos por los manifestantes, a quienes caracterizan como parte de un movimiento social legítimo, sin hacer referencia alguna a la violencia que ellos protagonizaron. La actividad busca encontrar herramientas prácticas y teóricas para ir en apoyo de quienes han sido “víctimas de la violencia institucional durante el estallido de 2019”, y sus protagonistas la conciben como una forma de luchar contra “el desplazamiento discursivo que ha transformado a las víctimas en victimarios”. No hay novedad ni en las ideas ni en el lenguaje, que es propio de movimientos izquierdistas en toda América Latina y es bien conocido por los chilenos. Lo único nuevo y sorprendente es el financiamiento estatal de esta clase de actividades.

El Gobierno, mediante la ministra de Ciencias, que es actualmente vocera, defendió el respaldo de Fondecyt, que apoya a cerca de 680 proyectos anuales, aunque es evidente que deja a muchos otros sin financiamiento. Según lo expresó la ministra Etcheverry, las disciplinas que estudia el Laboratorio de Estudios de la Violencia Institucional “son esenciales para la comprensión de fenómenos sociales”. Agregó que los fondos fueron otorgados a una universidad privada que patrocinaba los estudios e insistió en que el Gobierno promueve la evidencia científica, que es lo que debe esperarse de proyectos universitarios, aunque esta vez no queda claro en qué forma el curso de prácticas de acompañamiento a las víctimas proporciona alguna evidencia científica.

La Contraloría anunció que había requerido a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que informe los detalles respecto de la iniciativa. En cuanto a la Universidad Mayor, falta aclarar con más detalle la dependencia o el grado de supervisión de las actividades de ese laboratorio.

Existe, sin duda, el riesgo de una captura política de fondos destinados a las ciencias sociales y es necesario ser particularmente rigurosos en su otorgamiento.