Las contribuciones han vuelto a captar la atención pública, algo que no sucedía desde que el Consejo Constitucional intentó eliminarlas en su fallida propuesta. A la discusión sobre si este es un impuesto territorial o patrimonial, se suman reclamos por supuestas faltas de transparencia metodológica y la arbitrariedad en casos donde el avalúo difiere de otros comparables. Ello afecta a la legitimidad de un proceso que no tiene control ciudadano, algo esencial en la época del big data y la inteligencia artificial.

Un análisis de Fundación P!ensa al detalle catastral de 2023 del Servicio de Impuestos Internos (SII) evidencia algunas tensiones. Los impuestos recaudados por viviendas representan el 32,5% del total de las contribuciones, mientras que cerca del 25% de los inmuebles habitacionales las pagan —a diferencia del resto de los usos, donde prácticamente no hay exenciones—. A nivel territorial también existen diferencias, pues cerca del 30% recaudado se concentra solo en Santiago y el sector oriente; esto implica que en comunas de clase media también se pague un porcentaje no despreciable.

Además, las diferencias entre avalúo fiscal y precio de venta generan tensiones en la ciudadanía. Y es que no solo existen discrepancias entre inmuebles comparables, sino que también en zonas, como el sector oriente, donde la brecha entre ambos valores es muy inferior al resto del país; es decir, pagan más contribuciones en promedio. Esta situación es difícil de explicar, más aún cuando la data utilizada por el SII es difícil de obtener y procesar, y hasta imposible en algunos casos. Un ejemplo son los mapas de la entidad, los que no se pueden descargar ni solicitar por transparencia.

Tal y como se destacó en este medio, el SII lidera un proceso de valorización masiva, siendo esperable que existan discrepancias en un proceso de esta magnitud. En concreto, el SII proyecta los cambios de valores de un inmueble en el tiempo mientras valoriza en torno a la definición de áreas homogéneas. Sin embargo, esto es en función de transacciones pasadas, lo cual puede diferir del presente, cuando hay cambios en las fases del ciclo económico.

Si bien se puede reclamar la valorización, el proceso no es fácil debido a la falta de información y métodos claros que puedan replicarse. Para ilustrar, es difícil pensar que una persona, sin conocimientos en la materia, objete el uso de algún factor utilizado en el cálculo. Por lo tanto, esto obliga a incurrir en costos adicionales como tasaciones o asesorías a quienes deseen hacerlo.

Frente a este problema, la transparencia es un principio fundamental para dar legitimidad al proceso. Sin embargo, el SII no ofrece un formato amigable para comparar propiedades ni dispone de mapas descargables; similarmente, tampoco publica metodologías claras para fundamentar la definición de zonas homogéneas y los coeficientes que define, haciendo el proceso confuso e intrazable para la ciudadanía. Además, la falta de algunos datos imposibilita que los académicos estudiemos el proceso y hagamos propuestas de mejora.

Esto contrasta con otros países, donde los métodos son claros y se publica periódicamente información sobre ventas, bases catastrales y cartografías en formato manipulable para que el control ciudadano legitime el proceso y reduzca incertidumbres.

Contrariamente, esto lleva a que casos puntuales se magnifiquen más allá de su incidencia real, restándole credibilidad a un sistema que requiere de un debate más amplio y estructural. Por ejemplo, si bien una de cada cuatro viviendas paga el gravamen, muchas familias de clase media quedan incluidas, mientras otras no. Sin una justificación transparente, la situación parece sencillamente desigual —probablemente hay un motivo, pero la opacidad del proceso no ayuda—.

En síntesis, si bien las contribuciones constituyen una fuente relevante de recursos para que los gobiernos locales financien bienes públicos, su legitimidad depende de la coherencia y transparencia del proceso. Cualquier reforma o defensa de ellas debería partir, entonces, de un análisis que permita evaluar si este gravamen cumple las expectativas de justicia, eficiencia y equidad que se le asocia. Pero, para ello, es necesario que el SII sea más transparente y amigable.

Ignacio Aravena
Fellow economía urbana LSE, investigador Fundación P!ensa