Si bien fueron pocos los días y las apariciones que tuvo ante la prensa la socialista Nicole Cardoch como vocera subrogante de Gobierno, bastó una declaración suya para que reabriera en el debate público uno de los peores fantasmas del oficialismo: la falta de autocrítica por la conducta de muchos dirigentes durante el estallido en tiempos en que eran oposición a Piñera, cuando apenas estallada la violencia en las calles, en lugar de condenarla con claridad, buscaron por diversos medios deslegitimar la acción de Carabineros en su tarea de controlar el orden público.

En una controvertida entrevista negó que en el período del estallido hubieran existido enfrentamientos directos entre el actual oficialismo y Carabineros, y con desparpajo dio a entender que no había contradicción alguna entre la conducta pasada y la actual, en que el Gobierno echa mano al eslogan “cuidar a los que nos cuidan” para respaldar a las fuerzas policiales. Con todo, quizá lo más relevante de la discusión que sus declaraciones han traído, sean las recientes palabras del ministro de Justicia, Jaime Gajardo (militante del Partido Comunista), quien sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente: “Yo como ministro de Estado y como persona le puedo decir que, a mi juicio, respaldar la primera línea es un error. Y de hecho, en mi caso particular, no va a haber una publicación que señale que hay un respaldo a la primera línea (...). La violencia política tenemos que desterrarla de nuestra convivencia al interior de cualquier democracia”.

Hay que valorar el contenido y claridad de estas declaraciones, sobre todo viniendo de un ministro comunista, partido que nunca ha ocultado su cercanía con la llamada “primera línea”, eufemismo para referirse a los grupos que instalados delante de los manifestantes se enfrentaban a las fuerzas policiales con bombas molotov y elementos contundentes. Cabe recordar que en febrero del 2020, Daniel Jadue, en ese momento máxima figura de la izquierda según las encuestas, manifestaba que “el pueblo tiene todo el derecho a defenderse de las fuerzas de orden”. En la misma línea, el secretario general del partido, Lautaro Carmona, ese mismo año se refería a la “primera línea” como “quienes, con audacia y arrojo, permiten que las movilizaciones funcionen”. Ya antes, el diputado PC Hugo Gutiérrez había sido duramente cuestionado por compartir en las redes sociales fotografías de actividades sobre “talleres de capuchas” para niños y niñas, en el que estaba implícito un gesto a esta agrupación.

En esta postura no estaban solos los comunistas, sino que los acompañaban otros dirigentes de izquierda, periodistas de radio y televisión, figuras del espectáculo, entre otros. Incluso en esos días fueron homenajeados en el salón plenario del ex Congreso Nacional, en el marco del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (más de alguno de quienes protagonizaron este bochornoso episodio cumplen hoy tareas de gobierno)

De ahí que se entiendan las duras respuestas que han tenido las palabras del ministro Gajardo dentro de dirigentes de su propio partido. Y es que un cambio de postura de estas características exigiría al PC hacer reconocimientos y renuncias al empleo de la fuerza que no están dispuestos a hacer.

o se quiso investigar a la “primera línea”

Mirados en retrospectiva los sucesos ocurridos a partir del 18 de octubre, resulta cada vez más inexplicable que la Fiscalía no haya querido avanzar en una investigación profunda para determinar las responsabilidades penales que surgían a partir del comportamiento de la llamada “primera línea”, que en la práctica conformaban una o varias organizaciones delictivas. Y es que cualquier persona que haya observado la forma en que se desplegaban las protestas podía advertir que existía una división de tareas perfectamente concertada. Estaban, por ejemplo, quienes portaban escudos de metal o madera, quienes lanzaban piedras, fuegos artificiales y bombas molotov a la policía, quienes se adelantaban en bicicleta para sondear el terreno y gritar instrucciones, quienes se encargaban de apagar las bombas lacrimógenas, quienes usaban punteros láser para impedir la visibilidad a los efectivos policiales y, desde luego, quienes atendían a los lesionados y repartían los refrigerios.

Para el Ministerio Público, sin embargo, según lo comunicó expresamente el 2020, la “primera línea” no era un parámetro en sus indagatorias, pues, “dicha situación no configura necesariamente una conducta calificada como delito y tampoco una agravante de la responsabilidad penal”. A su juicio, lo único relevante era establecer si los hechos ejecutados por las personas que se encuentran en la llamada “primera línea” se encuadran o no en una figura delictual sancionada en nuestro ordenamiento jurídico. Ello tuvo como consecuencia una dispersión de causas en distintas fiscalías, lo que hacía imposible una valoración global de los hechos, centrándose solo en una casuística incapaz de establecer las responsabilidades de sus líderes y la conexión entre las múltiples conductas delictivas. Y es que el haber negado la relevancia investigativa de la “primera línea” implicó desconocer de un modo muy grueso la forma como estaban operando los violentistas.