Debe preocupar la situación del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel). Aunque hace dos años que culminó el período de uno de sus integrantes, el Gobierno y el Senado —que deben concurrir a la designación— han sido incapaces de nombrar a un sucesor. Así, el consejero Alfredo Joignant ha continuado ejerciendo el cargo en calidad de “prorrogado”, aunque su mandato culminó hace 24 meses. Esta situación, que debilita e introduce inestabilidad en cualquier institución, podría tornarse aún más crítica en los próximos días, cuando también venza el período del actual presidente del Consejo, Andrés Tagle.

Si el caso no ha provocado mayor revuelo tal vez sea porque durante este gobierno ha sido constante la dificultad para sacar adelante nombramientos que requieren la concurrencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ello habla tanto de impericia política como de la fragmentación de fuerzas en el Congreso. En el caso del Servel, sin embargo, la razón principal es una burda disputa por cuotas de poder entre sectores del oficialismo. Porque aunque la ley dice que los consejeros no pueden tener militancia, ello es más bien una formalidad: en la práctica, los nombramientos se distribuyen según sensibilidad política y muchas veces recaen en figuras de larga trayectoria en un partido, al que renuncian antes de ser designadas.

Por eso quizá es que el PS parece considerar de su pertenencia el cupo de Joignant. Así, su bancada de senadores pidió hace más de un año al Gobierno que se nombrase como sucesor a otro hombre de sus filas, el abogado Pablo Gutiérrez. Sin embargo, para enojo de los socialistas, La Moneda nunca se decidió a acoger la propuesta. En el intertanto, además, el cargo despertó el apetito del Frente Amplio, que hoy no tiene a ningún cercano en el Servel y quiere llegar allí. Todo esto terminó generando el enojo de Gutiérrez, quien en diciembre envió sendas cartas a la presidenta del PS y al jefe de la bancada, declinando su opción y hablando de que este había sido un “infame proceso de postulación”, además de aludir a supuestas venganzas políticas que habrían jugado en su contra. Pero tal vez lo más revelador haya sido lo que, según la prensa, pidió a sus correligionarios: “defender con ahínco los espacios legítimamente obtenidos por el socialismo”. Con ello y con las indignadas reacciones de parlamentarios advirtiendo al Gobierno que no están dispuestos a “ceder el cupo del PS en ese servicio” —según lo describió el senador Gastón Saavedra—, quedó en evidencia la naturaleza del problema: la disputa entre distintos sectores del oficialismo por quedarse con el cargo.

La pugna política es, por cierto, consustancial a una democracia, pero debe reconocer un límite en el cuidado de las instituciones. Concebir estas solo como un espacio de poder cuya propiedad se disputa o defiende a cualquier precio, incluso paralizando el nombramiento de sus integrantes, termina dañando y erosionando su credibilidad. El Servel juega un papel demasiado relevante en nuestra democracia como para permitir que eso también ocurra allí.