La ciudadanía es especialmente sensible al pago de contribuciones. Ello ocurre a pesar de que se trata de un impuesto que —a diferencia, por ejemplo, del IVA— afecta a un grupo más reducido de hogares y tampoco es de una gran recaudación: alrededor de 1,3 puntos porcentuales del PIB; el IVA recauda 7 veces más. Es muy posible que esta sensibilidad esté influida por el hecho de que si bien es un impuesto altamente utilizado en el mundo, su lógica resulta discutible. La mayoría de las personas han adquirido su vivienda con ingresos que ya pagaron impuestos y, por tanto, sienten que se les está cobrando de nuevo por dineros tributados. Adicionalmente, ocurre que la vivienda suele ser la principal fuente de ahorro de la inmensa mayoría de los hogares. Que se tribute sobre ellos, por tanto, es difícil de aceptar. Además, a menudo una vivienda se está financiando con deuda y, por tanto, su valor, en rigor, no representa el patrimonio de la persona que carga con este gravamen. Por cierto, el pago de contribuciones tiene una lógica. La existencia de viviendas genera una demanda por bienes públicos locales que deben ser financiados, pero la tensión debe reconocerse y actuar con más transparencia.

Por ello, es deseable que el cálculo de estos impuestos sea apropiadamente divulgado, en particular porque el valor que se termina pagando es una proporción de un avalúo que realiza el Estado sin mayores contrapesos. Eso lo diferencia de otros impuestos cuya aplicación tiene referencias muy precisas. Los antecedentes disponibles en Chile sugieren que el valor de casas y departamentos ha disminuido en los últimos años. Así, por lo menos, lo dejan ver diversos indicadores; el Índice de Clapes, por ejemplo, sugiere un retroceso desde el primer trimestre de 2021. Por ello, muchos propietarios se han sorprendido con los aumentos en los montos que deben pagar. Como la tasa es fija, eso significa que el Servicio de Impuestos Internos ha actualizado al alza su valor, algo que no parece condecirse con las tendencias de mercado. La autoridad podría argumentar que el valor por el que se ha cobrado históricamente se encontraba rezagado, pero la realidad es que las actualizaciones llevan un buen tiempo ocurriendo.

Estas contradicciones aparentes no están adecuadamente explicadas y le restan credibilidad a una definición que, por las razones expuestas, es compleja. En una sociedad moderna, las autoridades deben ser mucho más activas en explicar y fundamentar los ajustes que realizan en valores tan sensibles como son los de las viviendas para efectos de aplicar el gravamen de las contribuciones. La existencia de información detallada respecto de estos asuntos es un requisito fundamental para el buen funcionamiento de una democracia y el Estado no puede actuar, en materias de estas características, sin la transparencia apropiada. Es un estándar al que debe habituarse.