El cierre del año fiscal reflejó una vez más lo estrecho de nuestra situación, donde los gastos difícilmente se han podido ajustar a la baja y las proyecciones de ingresos en forma reiterada han estado sobreestimadas. Si bien la preocupación por el escenario fiscal ha estado en el debate, en la práctica no se observa una corrección al rumbo que hemos tomado. Sin duda que retomar la senda hacia un camino de responsabilidad y sostenibilidad, se hace muy difícil en un contexto de estancamiento de nuestra economía. Pero la realidad es mucho más cruda de lo que esconde el acomodaticio discurso político.

La reforma previsional es de los proyectos que mayor impacto fiscal tendrá en el corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con el informe financiero de las autoridades de Hacienda, será del orden de los US$ 5.000 millones al año en régimen, un 5,4% del presupuesto 2025. La reforma legal de mayor impacto fiscal de las últimas décadas, tramitada en el Congreso tan solo en dos semanas.

Durante su breve paso por el Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo señaló que había dudas de si la reforma contaba con el financiamiento suficiente. Frente a la incertidumbre, sugirió incorporar medidas que condicionaran aumentos de gasto fiscal en la medida que se tenía certeza en cuanto a que efectivamente se contaba con los recursos necesarios. Algo así como los gatillos fiscales fijados por ley para extender la cobertura de la gratuidad en educación superior. Pero nada de ello fue considerado. Si efectivamente no se cumple la estimación de ingresos que ha hecho el Gobierno en relación con lo que supuestamente recaudarían los cambios tributarios aprobados el año pasado (Ley de Cumplimiento Tributario) y que es la fuente de financiamiento de la reforma de pensiones, la convergencia fiscal seguirá siendo solo un buen discurso. En efecto, si se da el escenario que estima el Fondo Monetario Internacional, que indica que solo se recaudará una tercera parte de lo proyectado por el Ministerio de Hacienda, entonces la parte no financiada de la reforma, al menos para los próximos 25 años, alcanza, aproximadamente, los US$ 70.000 millones.

Las dudas de los efectos fiscales de la reforma de pensiones lamentablemente no fueron despejadas ni tampoco consideradas en la discusión. Ello resulta especialmente contradictorio con la motivación de muchos de aprobarla, ya que supuestamente si no se hacía nada, la presión fiscal iba a ser mucho mayor como consecuencia de la presión política de ir aumentando la Pensión Garantizada Universal (PGU) si las pensiones no aumentaban a futuro.

Con o sin reforma, me parece una ingenuidad pensar que no habrá futuras presiones por aumentar la PGU y, por consiguiente, mayor gasto fiscal. En primer lugar, porque en la recientemente aprobada reforma no se incorporó ninguna regla que permita hacer frente a la presión política de ir aumentándola en el tiempo. En segundo lugar, porque tal como lo indican las mismas simulaciones entregadas por las autoridades de Hacienda, el aumento de las pensiones que supuestamente generaría esta reforma está concentrado en los sectores de ingresos medios y altos, mientras que en las pensiones de los sectores de ingresos más bajos el aumento será menor, y se explica principalmente por el aumento de la PGU. Por último, porque de toda la reforma, lo que más valora la gente es el aumento de la PGU, con un 50% de respaldo (Panel Ciudadano UDD, enero 2025).

La presión fiscal por ir aumentando en el tiempo el valor de la PGU ya fue planteada por el Consejo Fiscal Autónomo cuando esta fue creada, el año 2022. Desde Libertad y Desarrollo, si bien respaldamos su creación, también alertamos sobre las futuras presiones de mayor gasto que podía generar. Estas alertas no fueron consideradas, ni en su diseño original como tampoco ahora.

Resulta evidente que comprometer un mayor gasto y luego si no están los recursos ver dónde efectuar recortes, no ha dado resultado. Los anuncios de menores gastos acordados durante la tramitación de la Ley de Presupuestos para este año, que ascienden a US$ 600 millones, han generado un gran revuelo, representando menos del 1% del total de los recursos fiscales presupuestados. Ello refleja lo difícil que es rebajar gastos ya comprometidos. No es casualidad que en la última década la deuda pública se haya casi quintuplicado, pasando de un 15% del PIB a más de un 40%.

No es que “las cosas no se hayan dado”, como muchas veces se repite en el fútbol. En este caso, simplemente las cosas se han hecho mal.