Señor Director:

El Gobierno parece estar confundido sobre lo que puede hacer la Corte Penal Internacional (CPI) en relación al crimen cometido contra Ronald Ojeda. Uno se pregunta dónde están las voces jurídicas en Cancillería. Conviene aclarar este asunto de una vez por todas.

Chile no puede “recurrir” o “presentar una denuncia” ante la CPI. Simple y llanamente ese instrumento no existe. Lo único (sí, lo único) que Chile puede hacer es aportar antecedentes al Fiscal de la CPI para asistirlo en su investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esa investigación lleva más de cinco años, y el Fiscal puede tomar o dejar de lado los antecedentes que le envíe Chile; es una prerrogativa de él. No existe ningún escenario en el que Chile se pueda hacer parte (como interviniente) del proceso que se lleva a cabo en La Haya.

Considerando lo anterior: ¿Qué pretende el Gobierno? Basta el sentido común para entender que el crimen de Ojeda, por muy trágico que sea, no va a mover la aguja en una investigación general por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La verdad es que el Gobierno intentó sacar un truco debajo de la manga, pero nunca entendió de qué se trataba el truco.

Una mejor respuesta habría sido identificar los ilícitos internacionales en que podría haber incurrido Venezuela, tales como violaciones al principio de no intervención, a las normas de extradición, y a la prohibición de financiar terrorismo, y luego hacer valer su responsabilidad por dichos ilícitos.

Benjamín Salas Kantor
Profesor adjunto Universidad de Columbia