La falta de condena a la violencia y la ausencia de llamados al respeto del marco institucional y legal vigentes por parte de amplios sectores de la entonces oposición impidieron que el país enfrentara unido la crisis de octubre de 2019. Hubiera sido esperable esa unidad ante situaciones que estaban amenazando la democracia y el Estado de derecho, en un contexto que desbordaba a las policías, pero la mezquindad política lo impidió. Las consecuencias, evidentes en esas semanas, se han prolongado en el tiempo. Un ejemplo fue el aumento de tomas de terrenos que ocurrieron en esos meses y que aún no se resuelven satisfactoriamente. Un caso emblemático está constituido por las tomas de los cerros La Virgen y Centinela, en San Antonio.

Los dueños de esos terrenos acudieron a la justicia para recuperar sus propiedades. Después de un largo proceso, que concluyó en marzo de 2024, la Corte Suprema ratificó la obligación de devolver los sitios a sus legítimos propietarios, estableciendo un plazo y ordenando el desalojo si fuese requerido. Para este procedimiento, las autoridades pidieron a los tribunales una postergación, que les fue concedida. Hace algunos días, y ante el cumplimiento del nuevo plazo, se hizo otro requerimiento en el mismo sentido a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esta, apropiadamente, no dio ahora lugar a la solicitud. Y es que la aplicación del Estado de derecho no puede postergarse de modo indefinido.

Las autoridades han alegado no tener las disponibilidades y capacidad para atender la situación de las poco más de 10 mil personas que habitan el lugar. Han advertido también que el desalojo podría generar un gran conflicto social. Evidentemente, se trata de una situación compleja. Sin embargo, ha habido un plazo largo para poder adaptarse a ella. Estamos en definitiva, otra vez, frente a un caso de ineptitud alarmante del Estado que, de seguro, explica una parte importante de las desconfianzas ciudadanas. El cumplimiento del Estado de derecho es tan significativo para la vida en común que los argumentos de falta de capacidades para lidiar con esta problemática no son aceptables para una sociedad moderna y un Estado del tamaño del nuestro. No se puede olvidar, además, que aquí ha estado involucrada la delegación presidencial de la región. Por tanto, el gobierno central no se puede desligar. Finalmente, son sus instituciones —las autoridades locales y regionales electas no tienen tuición sobre las policías— las que deben asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Si no se procede como ha mandatado la justicia, se estaría dañando la confianza en las normas e instituciones que el país se ha dado para una vida en común que asegure derechos fundamentales. Existe en algunos sectores la creencia de que una negación supuestamente “marginal” de estos puede no ser dañina para la convivencia, pero la realidad es que esas debilidades son rápidamente aprovechadas para desconocer pilares centrales de la vida social. Se requiere, por tanto, acatar la orden judicial y actuar con agilidad y eficacia en asegurar los derechos de los legítimos dueños de estas propiedades.