El próximo 24 de febrero se cumplirán tres años desde que Rusia inició su invasión a Ucrania, un conflicto que ha causado miles de muertes y una crisis humanitaria sin precedentes en el Este de Europa. En este contexto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado esfuerzos para lograr una solución que ponga fin a la guerra.

Trump designó hace semanas al general (r) Keith Kellogg como enviado especial para el conflicto, con el objetivo de negociar un supuesto acuerdo, en un plazo de 100 días. Según informes no confirmados oficialmente, la propuesta de Trump incluiría tres condiciones principales: que Ucrania renuncie a su aspiración de unirse a la OTAN, demanda clave para Rusia; que se levanten progresivamente las sanciones contra Moscú desde la firma del acuerdo hasta tres años después, y el establecimiento de un alto el fuego en toda Ucrania para el 20 de abril, seguido de la retirada de tropas de ciertas regiones (fundamentalmente, las fuerzas ucranianas que tomaron la región rusa de Kursk).

Además, se prevería una conferencia internacional de paz a finales de abril para formalizar el acuerdo y la celebración de elecciones en Ucrania en agosto de 2025. No habría, en cambio, ninguna mención a la posibilidad de que Ucrania recupere la península de Crimea (anexada ilegalmente por Rusia en 2014) ni a una retirada masiva de las fuerzas rusas. Tampoco consideraría algún tipo de indemnización a Kiev por parte de Moscú.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, ha expresado su disposición a negociar, pero ha dejado claro que no lo hará directamente con el Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien califica de “ilegítimo”.

Todo esto plantea varias interrogantes. Si Ucrania considera que la propuesta la perjudica, podría rechazarla, lo que abriría la posibilidad de que Trump presione a Kiev para aceptar un acuerdo desventajoso. Esta presión podría a su vez generar tensiones con los aliados europeos de EE.UU., que en su gran mayoría han apoyado a Ucrania desde el inicio del conflicto. Además, una exclusión de Zelenski debilitaría la posición ucraniana y sentaría un precedente peligroso, en que líderes extranjeros deciden quién representa a una nación soberana en conversaciones de paz.

Es crucial que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania sea justo y equitativo, respetando su soberanía e integridad territorial. La comunidad internacional debe garantizar que las negociaciones no se realicen bajo coerción y que se escuchen las voces de todas las partes, especialmente la del pueblo ucraniano, que ha soportado el peso del conflicto. Asimismo, es importante recordar que el término de una guerra no es, necesariamente, la paz. El escenario en la península coreana es un claro ejemplo. Resulta fundamental que las soluciones propuestas no solo busquen el cese de las hostilidades, sino que sienten las bases para una paz duradera y sostenible. Y, sobre todo, que las negociaciones ofrezcan garantías reales para Ucrania de que Rusia no volverá a atacarlos como hace casi tres años.