Las extendidas quejas por el atraso en las soluciones habitacionales para los afectados por el megaincendio de Viña; el reconocimiento por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes, de la lentitud del proceso reconstructivo, y el hecho de que algún parlamentario gobiernista haya utilizado la excusa de “estar en modo pensiones” para evitar responder las consultas periodísticas al respecto, son todos síntomas de la inmensa falla del Estado para responder con la prontitud necesaria y prometida a esa catástrofe. El propio Montes desvinculó al seremi de la Región de Valparaíso, objeto de fuertes críticas por su manejo del tema. En efecto, fueron 3.047 viviendas regulares, además de unas 1.500 informales, las que sucumbieron al fuego, pero las soluciones entregadas representan una cifra mínima y los niveles de ejecución del fondo especialmente creado rozan el escándalo.

Las dificultades que enfrenta el Estado para abordar con la diligencia requerida una emergencia de esta naturaleza —pero también otras actividades rutinarias, como la atención de salud o la provisión de educación de calidad— tienen que ver con la pesadez burocrática, la dilución de las responsabilidades entre múltiples reparticiones y la incompetencia de algunos de los nombramientos políticos en cargos directivos, para quienes aparentemente resulta más fácil sostener reuniones en las que se anotan las medidas que deben tomarse —163 en este caso—, que implementarlas a continuación. Ejemplo de esto último lo constituyó el sonado nombramiento, en febrero de 2024, de la ministra Vallejo como “enlace” para la reconstrucción, cargo que dos meses después dejó de ejercer sin que se informara a la ciudadanía. Pero nada de esto tiene por qué ser así. Baste considerar el gigantesco contraste que este caso tiene con el proceso impulsado por el Presidente Piñera luego del terremoto del 27-F, que comenzó horas después del cambio de mando. En cuatro años logró reconstruir, en muchos casos con estándares muy superiores a los originales, más del 98% de lo destruido. Por cierto, no resulta fácil —y menos para la actual administración, que ha sumado muestras de incompetencia en diversos ámbitos— equiparar la capacidad de gestión, el sentido de urgencia y el nivel de exigencia que imponía a sus colaboradores Piñera, quien además no tenía complejos para aprovechar el dinamismo del sector privado al acometer muchos de esos desafíos.

De allí que este caso debe hacer reflexionar a las autoridades respecto de las severas limitaciones que exhibe en general el Estado chileno para implementar las tareas que acomete. Es necesario incorporar este antecedente al análisis de las soluciones que el Gobierno pretende ofrecer en otros campos —salud, educación o previsión— para que las frustraciones que ha generado este megaincendio en los afectados no se extiendan a la población en general en otras materias.