No solo el sector privado debe estar constantemente innovando y preocupándose de quienes son impactados por sus decisiones para tener legitimidad y agregar valor al país. También es una tarea del sector público. Si se instala la desconfianza en sus instituciones, como ha estado ocurriendo, emergen problemas que afectan el funcionamiento de la democracia y la economía. Para evitarlo, debe estar constantemente reformándose, de manera de prestar sus servicios de los modos más efectivos y eficientes.

Sin embargo, la reforma del Estado —como advierte el segundo capítulo del cuerpo Crónica para el Futuro, de “El Mercurio”, publicado ayer— no avanza con la velocidad requerida y hay riesgos de que en algunos servicios se produzcan crisis mayores de gestión pública. Se debe reconocer que ha habido reformas interesantes en las últimas décadas y que los gobiernos han incluido el tema en sus agendas. Con todo, esos esfuerzos no han tenido la profundidad ni la sistematicidad observadas en otras latitudes. Son muchos los servicios donde los ciudadanos aún se quejan del trato y de la escasa capacidad de resolver oportunamente sus inquietudes. Asimismo, aunque se ha avanzado en la digitalización de los trámites, el nivel es insuficiente.

En cuanto a los sistemas de evaluación de desempeño, no están pensados ni desarrollados para servir el interés ciudadano. Además, existen múltiples iniciativas de escaso impacto, distribuidas a lo largo de innumerables servicios, que no cumplen con sus objetivos. Todo esto sugiere falta de foco, de priorización y de propósito, atributos indispensables en una gestión moderna y que en Chile resultan aún más urgentes atendida la situación de las finanzas públicas. El Estado debe llevar adelante pocas iniciativas y hacerlo bien. En la medida que expande sus actividades, se reduce su capacidad de buena gestión y crece el riesgo de dilapidar recursos. Algo similar ocurre con la regulación, en diversos ámbitos completamente sobredimensionada, ahogando la iniciativa privada y de los organismos intermedios. En otras latitudes, como revisa el citado cuerpo, se han desarrollado iniciativas interesantes para evaluar desde cero las regulaciones. Un programa así, apoyado transversalmente y liderado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, sería una contribución invaluable a la productividad del país.

Otra fuente de preocupación es el empleo público. El gasto en personal ha crecido en 600% desde 1990 y su número se incrementó en casi 260%; una parte de ellos son responsables de áreas o programas muy poco efectivos. Dado que representan un gasto cercano al 5% del PIB, toda ganancia en eficiencia que se haga con estas dotaciones constituiría un impulso adicional a la productividad. Un Estado eficiente y ágil, que mejora la atención de los ciudadanos, no es solo un beneficio en sí mismo, sino también una fuente de crecimiento. De ahí la urgencia de abocarse a tener el mejor Estado posible.