Un aspecto desatendido en el debate público luego de la bochornosa y fallida compra por el Estado de la que fuera la residencia de Salvador Allende a sus descendientes senadora y ministra, es el de los controles jurídicos superiores de la operación. Aquí aparece el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que pudo y debió advertir a los ministerios que promovían la compra el grave obstáculo constitucional que la impedía.

La Segpres es la oficina superior de asesoría directa del Presidente de la República, con rango de ministerio. En todos los países existe un órgano análogo, que reúne a los colaboradores políticamente más cercanos al respectivo jefe de Estado, además con estrecha proximidad física en las mismas casas de gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, sus tareas las desempeña el Consejo de Seguridad Nacional, asesores directos del Presidente y cuyas oficinas se ubican en la misma Casa Blanca y en su vecino Antiguo Edificio Ejecutivo.

En Chile, la ley orgánica de la Segpres le encarga a su división Jurídico-Legislativa “participar en el procesamiento administrativo de los decretos supremos” y “asesorar jurídicamente al Presidente de la República”, tarea que reitera el reglamento orgánico del ministerio. Este le insiste en que su deber es “asesorar jurídicamente” al Presidente, al Ministerio del Interior y a los demás ministros. Estos delicados deberes legales han transformado a la Segpres en el cerebro jurídico superior del Presidente y del Estado, con pleno respeto a las agendas de cada ministerio, pero en rol de garantía final de juridicidad de cada decreto que firme el jefe de Estado. Los jefes de esta División solían tomar en gobiernos pasados un rol crítico en el devenir político y jurídico de la Presidencia, dotado de alto poder, precisamente porque es el sello de garantía del curso jurídico del mandato.

Es por eso que llama la atención la grave desprolijidad de la Segpres en el caso Allende. Ese decreto supremo de Bienes Nacionales debió ser inmediatamente objetado por inconstitucional, al detonar automáticamente la causal de cesación en el cargo de una senadora oficialista y arriesgar acusación constitucional contra una ministra de Estado.

Las presentaciones realizadas ante el Tribunal Constitucional por parlamentarios de oposición solicitando la cesación de la parlamentaria han sido motivo de intenso debate entre académicos y abogados, respecto de la forma en que operaría la referida causal. Es fundamental para la institucionalidad y para la propia credibilidad del tribunal, que los requerimientos sea abordados con rigor y al margen de banderías políticas. En cualquier caso, y sin perjuicio de lo que resuelva el TC, una de las lecciones que desde ya deja este episodio es el llamado a fortalecer la Segpres y sus tareas de control jurídico.