La evolución del mercado laboral chileno preocupa. Según el INE, la tasa de desocupación llega al 8,2% (septiembre-noviembre 2024), mientras que la tasa de ocupación (56,5%) no ha logrado alcanzar los niveles prepandemia y se estima un déficit de 279 mil empleos respecto del primer trimestre de 2020. A su vez, los registros administrativos dan cuenta de una caída de 315 mil empleos formales entre diciembre de 2022 y septiembre de 2024.

La combinación de un crecimiento escuálido y una regulación laboral cada vez más rígida es el factor estructural subyacente. En este contexto, es necesario analizar los potenciales impactos del acuerdo previsional anunciado.

¿Cuál sería la pérdida de empleos?

El contenido del texto implica un aumento sustancial en los costos de contratación. En el mediano plazo, un 4,5% de la renta imponible de todo trabajador formal sería destinado a su cuenta individual, 1,5% al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) en la forma de un préstamo y 1% al mismo fondo de reparto. Adicionalmente, un 1,5% sería sumado al FAPP, desde donde se pagaría el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) que hoy paga el empleador. En la actualidad, el SIS tiene un costo de 1,38%, por lo que un 1,5% destinado al fondo más que lo compensaría, engrosando las posibilidades de reparto.

Frente al importante aumento que significarían los 7 puntos adicionales de cotización de cargo al empleador y dada la precariedad de nuestro mercado laboral, es necesario un análisis pausado de las consecuencias en el empleo.

A través de los años, múltiples estudios técnicos han buscado estimar el potencial impacto de distintas reformas previsionales en el mercado laboral. En sencillo, todos se basan en un principio económico básico: a mayor costo de contratación, menor es la demanda por trabajo formal. Para cuantificar este postulado, el informe de productividad asociado a la fallida reforma impulsada por la administración Bachelet en 2017 realizó distintos ejercicios estadísticos. Utilizando los parámetros de sus tablas (VI.3 y VI.4) es posible hacer una proyección estimativa del impacto que ahora tendría el aumento en 7 puntos de la cotización. Según ese ejercicio, y considerando que los asalariados en el sector privado son unos 5,6 millones (9,3 millones es el universo de ocupados), cabría concluir que ese aumento de la contribución significaría una pérdida de entre 184 mil y 578 mil empleos en el mediano plazo. Ambas cifras son significativas y deberían ser cotejadas con más análisis.

El debate parlamentario debería dar espacio a tal discusión. Los temas por abordar son centrales. Por ejemplo, si el 4,5% destinado a las cuentas individuales es internalizado por las personas como un beneficio, es posible que su impacto sea más acotado que el del restante 2,5%. También es necesario considerar la gradualidad y estructura de la cotización extra, pues esto podría facilitar ajustes en salarios (y no empleo). Sin embargo, las nuevas rigideces del mercado laboral y la configuración actual de la progresividad (los porcentajes destinados al FAPP se activan primero) pueden ampliar el impacto sobre el empleo. Es también interesante notar que la actual propuesta tiene asociado un aumento de 7% en un espacio de 9 años (el total de los porcentajes destinado al FAPP se alcanza a los tres años), mientras versiones anteriores habían planteado un tiempo más prolongado. Finalmente, es necesario recordar que la situación del empleo prepandemia es muy distinta a la de 2025. Esto no solo por la nueva y agobiante regulación, sino también por el cambio tecnológico. Por ello, no es posible descartar que las elasticidades de la sensibilidad del empleo formal a los costos de contratación sean en la actualidad aún mayores, amplificando el efecto.

La propuesta tampoco resuelve adecuadamente los desincentivos a la formalidad. Por una parte, incluye solo un tibio esfuerzo para resolver los problemas de las lagunas previsionales. Por otra, es deficiente en incentivar la contribución previsional. La idea de constituir solo de forma transitoria el “beneficio de años cotizados”, que en la práctica aumentaría las pensiones de los actuales jubilados más que generar incentivos a los actuales trabajadores para emplearse (el artículo 13, de hecho, restringe esa posibilidad), parece inconsistente con las dificultades que enfrenta el empleo formal.

en el mercado de capitales

Se ha planteado la posibilidad de que el 4,5% destinado a las cuentas individuales (que se transformaría en 6% en el muy largo plazo) sería suficiente para activar nuestro deprimido mercado de capitales. Efectivamente, un simple ejercicio contable arroja tal conclusión.

Sin embargo, de la lectura detallada de la propuesta se identifican riesgos que debieran ser despejados. En primer lugar, la licitación de stock junto a un ente público (IPS) que ofrece servicios de administración de cuentas y laxas reglas de encaje abren la oportunidad de una entrada a la administración previsional de instituciones de mínima experiencia, con las consecuencias obvias.

Y, segundo, la similitud del FAPP con un ente público con capacidad de administrar inversiones, junto a la nueva facultad del IPS, genera intranquilidad, luego de conocerse la minuta oficialista según la cual de este modo se podría avanzar hacia uno de los mayores anhelos de la izquierda más radical: que el Estado sea un actor principal del mercado de capitales.