La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció que no perseverará en la investigación de la desaparición de una treintena de escuchas telefónicas efectuadas al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), en el marco del llamado caso Led, una indagatoria de delitos de corrupción a propósito de la renovación de sistemas de luminarias en diversos municipios. Según informó la fiscal al tribunal de garantía, no se lograron reunir antecedentes que permitieran fundar una acusación contra eventuales responsables. De este modo, al escándalo que —tanto por las millonarias sumas involucradas como por la extensión de las irregularidades— representa en sí mismo el caso Led y a la no menos escandalosa pérdida de pruebas, se suma ahora el escándalo de la impunidad en que queda este último hecho.

En cualquier investigación, el extravío de las pruebas es una situación grave, pues deja sin posibilidad de actuar al sistema judicial. Por ese motivo se adopta toda clase de precauciones para evitar su manipulación, destrucción o pérdida. En el caso Led, en particular, las interceptaciones telefónicas han jugado un papel crucial para el establecimiento de los hechos, y la pérdida de las grabaciones que registran conversaciones en que participó el exalcalde de Recoleta con el principal imputado puede frustrar completamente la indagatoria de lo ocurrido en esa comuna. Las buenas prácticas en estos asuntos indican que las llamadas registradas se deben transcribir y guardar bajo custodia, a cargo de personas bien individualizadas, responsables de asegurar que la evidencia pueda ser exhibida ante el juez. Pero al parecer, nada de lo anterior se cumplió en este caso y no se sabe quién en la PDI o en la propia fiscalía debía estar atento a posibles maniobras. Naturalmente, nada de esto fortalece la confianza ni en la policía ni en el Ministerio Público.

En otros países, según se afirma, han llegado a existir tarifas conocidas para hacer desaparecer pruebas en custodia oficial. También son conocidos extraños incendios que afectan a los recintos donde se guardan esos materiales, pero en Chile creíamos estar a resguardo de esos grados de corrupción. En el último tiempo, sin embargo, han surgido dudas respecto de la conducta de algunos funcionarios públicos. Y en ese contexto, el caso de las luminarias parece estar demostrando que existen buenas razones para cuestionar la seriedad que creemos tener como país. También es llamativo que un posible imputado tan prominente, excandidato del Partido Comunista a Presidente de la República, que se hace notar ante cada incidencia en procesos que lo involucran, permanezca ahora en perfecto silencio ante la desaparición de sus conversaciones con el principal imputado. Entre tanto permanecen en la cárcel los ejecutivos de una empresa cuya conducta originalmente solo despertó sospechas en el municipio de Providencia, cuya alcaldesa de entonces, Evelyn Matthei, consideró inverosímil que las empresas más grandes quedaran siempre descalificadas de las licitaciones eléctricas. Antes de eso, el turbio negocio prosperaba a lo largo del país. Todo sugiere que, lamentablemente, aristas relevantes de este escándalo quedarán sin ser dilucidadas.