Señor Director:

La necesidad de alcanzar un acuerdo en pensiones es innegable y requiere un compromiso político con visión de Estado para superar los obstáculos que persisten. Un acuerdo exige también claridad en las opciones disponibles. Pero aún quedan dudas y preocupaciones.

La primera es la posibilidad de poner bajo un mismo marco el “bono tabla” —diseñado para compensar la mayor expectativa de vida de las mujeres— y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Este último, administrado por las AFP, proporciona cobertura ante invalidez y fallecimiento de los trabajadores. Es un seguro que ha enfrentado dificultades y cuya naturaleza es distinta al bono para las mujeres. Hasta ahora no se ha presentado ningún documento técnico que explique cómo funcionaría la integración ni que identifique su contribución.

La segunda es el financiamiento de la “garantía” que daría 0,1 UF por año cotizado a pensionados con suficientes años de contribución hoy y durante una transición. Parte del financiamiento vendría de ingresos de la Ley de Cumplimiento Tributario, con los que se había propuesto aumentar el monto y cobertura de la PGU. Posteriormente, se decidió mantener la cobertura actual, generando un ahorro. Para equilibrar ingresos y gastos en el tiempo, se contempla un préstamo reembolsable, lo que equivale a postergar la obtención de recursos fiscales para financiar este gasto.

Dada la estrechez fiscal, la incertidumbre en las proyecciones de ingresos y la importancia de definir el tamaño del préstamo y la cotización permanente del seguro social, el acuerdo debe especificar claramente las fuentes de recursos que respaldarán la garantía, los pasivos contingentes que podrían surgir y la suficiencia de ingresos durante la transición. Estos aspectos deberían contar con la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.

Por último, el aumento de los fondos ahorrados en cuentas individuales debe ir acompañado de mayor competencia en comisiones entre las AFP, considerando que es obligatorio cotizar en el sistema y que los cobros se deducen de los salarios. Un estudio de Salvador Valdés estima en 754 millones de dólares anuales la reducción de comisiones que lograrían licitaciones de stocks de afiliados, fruto de menores utilidades y mayor eficiencia.

La reforma no puede seguir postergándose y, en las próximas semanas, el acuerdo debe materializarse en un proyecto sólido, sostenible, que trascienda ciclos electorales.

Paula Benavides; José De Gregorio;
Patricio Domínguezl; Eduardo Engel;
Benjamín Garcíal; Andrea Repetto