La ley 20.903, de 2016 (Carrera Docente), elevó las exigencias académicas para postular a las pedagogías. No fue una decisión arbitraria. Los estudiantes que estaban accediendo eran, en promedio, de bajas aptitudes académicas y la evidencia disponible sugería que, entre estos, no emergían precisamente los profesores más efectivos. Tener un conjunto razonablemente alto de personas con mayores aptitudes era indispensable para lograr mejores resultados educativos. Por supuesto, puede haber quienes, teniendo la capacidad para ser buenos docentes, no alcancen esas exigencias académicas, pero la ley se hizo cargo de aquello permitiendo otras vías de acceso. Aun así, se han sucedido ocho procesos de admisión y las referidas exigencias siguen sin aplicarse. Se han postergado en más de una ocasión e incluso los requerimientos originales se redujeron. Hace pocos días, su vigencia se postergó por un año más. Esto, como parte del proyecto de ley de reajuste al sector público, que suele usarse para incluir materias de última hora.

El lobby que al respecto hicieron las universidades, particularmente algunas estatales, alcanzó ribetes vergonzosos. Al contrario, la preocupación por el aprendizaje de niños y adolescentes brilló por su ausencia. Pero si se evita poner ahí el foco, los resultados educativos del país continuarán siendo mediocres y la posibilidad de asegurar mayor igualdad de oportunidades seguirá debilitándose. El efecto concreto de esta postergación es que ya no se exigirá que los estudiantes estén en el percentil 60 o superior de la distribución de puntaje promedio en comprensión lectora y matemática 1. Se mantendrán las disposiciones transitorias que definieron el percentil 50 de dicha distribución como piso de postulación (la ubicación en el ranking de notas del colegio de origen es una exigencia alternativa, pero no ha estado ahí la discusión).

En la solicitud de postergación de los requisitos definitivos se hizo gran caudal respecto de que subir la exigencias de 502 a 528 puntos (que supuestamente corresponderían a los percentiles 50 y 60, respectivamente) disminuiría de modo significativo las matrículas, lo que alimentaría un déficit galopante de docentes. Sin embargo, esta proyección de déficit tiene escaso sustento, si alguno. Descansa en un estudio discutible y, además, olvida la importante transición demográfica que está viviendo el país, como también la existencia de diversas formas, hoy no utilizadas, para gestionar eventuales faltas de docentes. Más grave aún es que esos puntajes no corresponden en realidad a los percentiles 50 y 60, como podrá comprobar quien acceda a las bases de datos (disponibles en el Demre) de los últimos dos procesos de admisión. Los referidos 502 puntos corresponden, en verdad, a un percentil inferior al 30 (muy por debajo del 50) y, por lo tanto, su aplicación significa una vulneración de la ley y lleva a la admisión de personas con pocas posibilidades de ser profesores efectivos. Es un engaño inaceptable.