El avance en las tratativas entre el Gobierno y un sector de la oposición sobre diversos aspectos de la reforma previsional —entre varias materias relevantes está la controversia sobre el destino de los seis puntos adicionales de las cotizaciones— ha generado un duro cruce de declaraciones entre dirigentes de Chile Vamos (RN, UDI, Evópoli) y los republicanos.

Más allá de las consideraciones técnicas, en que la casi unanimidad de los representantes de derecha tiene alguno o varios reparos y coincide en que lo ideal sería que todo lo recaudado fuera al fondo de capitalización de cada trabajador, para el sector se trata sobre todo de una definición política: la conveniencia o no de ceder en algunos aspectos —por ejemplo, que no todo lo adicional vaya directamente a las cuentas individuales (solo la mitad), y que el resto sea reparto o compensación y un crédito en contra del Estado— para permitir así alcanzar un acuerdo global que lleva años discutiéndose y se estima necesario.

Como se ve, se trata de un legítimo debate político dentro de un régimen democrático, en que para la decisión en uno u otro sentido operan complejas valoraciones prudenciales, de oportunidad y estimaciones de escenarios futuros probables. De ahí que resulte impropio caricaturizar la opinión contraria como extrema o entreguista, como si se tratara de un asunto de buenos y malos. Tampoco es correcto considerar este tema exclusivamente como un debate de principios, como algunos pretenden. Naturalmente, sería ingenuo no reconocer que además hay detrás una lucha partidista por el liderazgo del sector que se identifica con la derecha.

De otro lado, circunscribir sin más la discusión a republicanos y Chile Vamos es también equivocado. Dentro de las bases de esta coalición hay también división. De hecho, su más probable candidata presidencial ha mantenido silencio sobre la materia, sabedora quizá de los costos que le podría acarrear tomar una u otra decisión. No hay que olvidar tampoco que en los últimos años la idea de que la propiedad de los fondos es íntegramente del trabajador ha sido parte central de las campañas electorales de la oposición. De ahí que cualquier cambio no es sencillo de explicar.

Situaciones distintas

La necesidad urgente de aumentar las cotizaciones previsionales, introducir mayor competencia en el sector y darle mayor estabilidad al sistema —en algún momento parecieron ser mayoría quienes pretendían acabar derechamente con él— son de las principales razones que se invocan para llegar a un acuerdo. Se agrega que difícilmente habrá para la derecha un mejor momento para negociar. Al otro lado está la aprensión fundada de que esto no deja tranquila a la izquierda, que está lejos de renunciar al propósito de extender más y más el reparto en el futuro y que solo espera contar con las mayorías necesarias para terminar con el sistema de capitalización individual. Esta reforma, se sostiene, podría ser el primer paso para cambios mayores que nos retrotraigan a las peores experiencias del pasado.

En términos sencillos, esa es una parte del dilema. Y es que en política resulta casi imposible prever en el mediano y largo plazo las consecuencias de las decisiones o cambios que se adoptan, las que en el tiempo suelen tener alcances insospechados. Es cosa de ver lo ocurrido con el acuerdo para una nueva Constitución de noviembre de 2019 que finalmente terminó consolidando la Constitución vigente, o lo sucedido con los retiros previsionales que apoyó entusiastamente la izquierda (no solo ella), los que significaron que aumentara la defensa a la propiedad de los ahorros de los trabajadores. ¿Podría una reforma previsional como la comentada terminar paradójicamente fortaleciendo las posiciones extremas que se desean evitar o será el inicio de un nuevo clima en el país que contribuya a retomar los mejores tiempos de la política de los acuerdos? ¿Cómo interpretar el hecho de que una reforma promovida por un Presidente del Frente Amplio y una ministra comunista en lo relativo a la capitalización individual adicional se apruebe sin parte importante de los votos de esos conglomerados?

Es la disyuntiva frente a este caso, que para cualquier resolución exige contar con mayores detalles y saber cuáles son los bordes o líneas rojas de los dirigentes negociadores. No hay hasta ahora suficiente claridad al respecto. Complejiza cualquier decisión para alcanzar acuerdos el encontrarnos en situaciones muy distintas a lo que sucedía durante los gobiernos de la Concertación. En ellos había una decisión de avanzar en políticas que contribuyeran al crecimiento del país (de hecho la expansión fue altísima), a la apertura comercial en el exterior, al sistema de concesiones e incluso a los procesos privatizadores. Nada de ello existe ahora, en que prima el facilismo de querer repartir sin una preocupación o capacidad de gestión para generar riqueza. Ya se ha anunciado, por ejemplo, que siguen con la idea de aumentar los impuestos personales a quienes ya están sufriendo una alta carga. Así es muy difícil avanzar.