La aprobación del Ministerio de Seguridad Pública en el Congreso ha sido celebrada por distintas autoridades de gobierno como una noticia esperanzadora que representa, a su juicio, un paso decisivo en la lucha contra la criminalidad. Uno esperaría que hubiera mayor cautela y se dejaran los festejos para después, en la medida que efectivamente estos cambios burocráticos contribuyan a disminuir sustancialmente las cifras de delitos, quebrando así una tendencia que desde hace ya varios años viene impactando la vida de quienes viven en el país.

Y es que muchos ministros parecen haberse acostumbrado a felicitarse por medidas, acuerdos o reformas que poco y nada tienen que ver con auténticos éxitos de fondo en su gestión y que en ocasiones incluso van en contra de los objetivos de bien común. Algo así ha ocurrido con la disminución de la jornada de trabajo a 40 horas o el alza del salario mínimo que hasta bailes de autoridades han sacado, cuando lo relevante sería celebrar la creación de más y mejores empleos, lo que ha estado lejos de ocurrir, salvo, naturalmente, el crecimiento de los funcionarios públicos. Todo ello sin mencionar el empleo informal, cuyo aumento no parece preocupar demasiado a quienes están a cargo de las políticas públicas.

Lo mismo puede decirse del reciente acuerdo de reajuste del sector público (4,8% el próximo año) que está por sobre la inflación esperada, en medio de uno de los más complejos escenarios de nuestras finanzas públicas. Esto recuerda las sucesivas reformas en educación de la pasada década, las que, aplaudidas por un sector político, han estado muy lejos de contribuir a la mejor formación de los alumnos, como muestran distintas pruebas internacionales.

Muchos expertos han manifestado fundadas aprensiones respecto de que este nuevo ministerio sea un verdadero avance en la forma de enfrentar la delincuencia. La confusión, superposición y multiplicación de funcionarios que tendrían incidencia en la materia —en la nueva repartición habrá dos subsecretarios, se agregan seremis en las regiones, los que deben convivir con los delegados presidenciales y los respectivos gobernadores— es uno de los aspectos más criticados.

De otro lado, contrariamente a lo que ha sido planteado desde el Gobierno, la figura del ministro del Interior queda debilitada —se le quita la seguridad interna, que es justo la tarea central de Interior—, y difícilmente será capaz de coordinar con eficiencia la labor de los ministerios.

En efecto, organizacionalmente coordinar ahora 25 reparticiones ministeriales (una cifra altísima a nivel internacional) es un desafío inalcanzable. Particularmente, este es un problema en el régimen presidencial, donde las distintas carteras se transforman en compartimentos estancos que colaboran muy poco entre sí. Adicionalmente, siendo la seguridad la principal prioridad nacional, en la práctica el ministro de Seguridad será el más poderoso y el de mayor exposición pública.

Dispendio de recursos públicos

Con todo, esta reforma da cuenta de la pasmosa facilidad con que se puede aumentar el gasto público y la burocracia, sin manifestar mayor preocupación por los costos que ello implica. En algunos existe la percepción equivocada de que crear nuevos ministerios entregaría más visibilidad a la respectiva temática que cada uno aborda, lo que volvería más alcanzables los objetivos que se espera cumplir. La experiencia demuestra una y otra vez que ello no es así, y que a lo que más contribuye es a recargar el aparato público de gasto prescindible.

El debate abierto ahora en cuanto a fusionar o reducir el número de ministerios es bienvenido, pero lamentablemente llega demasiado tarde y nada garantiza que pueda traducirse en una reforma concreta. Una auténtica responsabilidad fiscal debiera haber priorizado esta discusión antes de que se resolviera la creación de una nueva repartición.

Además, algunos de los argumentos dados por la ministra del Interior, Carolina Tohá, para poner en entredicho la fusión de los tres ministerios políticos (Interior, Segpres y Segegob) revelan que muchas veces lo que prima es el mejor interés de las coaliciones gobernantes y no necesariamente los del país. Así, en sus últimas conferencias de prensa, preguntada por una eventual fusión de Interior y Segegob, sostuvo que “los presidentes descubren que tener tres ministerios políticos y poder representar a los distintos sectores que los apoyan en el centro de gobierno que es La Moneda es una cosa que facilita la gestión política”. Como si ello fuera un argumento razonable que se pueda invocar para resistirse a emplear de la mejor forma posible los recursos públicos. Siguiendo el argumento de la ministra si una coalición de gobierno tiene 4, 5 o más partidos o sectores que lo apoyan, deberían aumentarse los ministerios políticos en igual número, lo cual es absurdo.

Sin estridencias, pero con decisión e ideas innovadoras, la oposición tiene aquí una oportunidad inmejorable para ofrecer un giro en la forma como se administran los recursos públicos del Estado. Una profunda reforma a la administración pública, que ajuste gastos y elimine burocracia, es una tarea urgente que no puede seguir eludiéndose.