El debate en torno a las fundadas dudas respecto de las actuales capacidades técnicas dentro del Estado puede tener poco atractivo para la clase política, pero es central para las posibilidades de construir una agenda de crecimiento y desarrollo futuro. Bajo la actual administración, el problema parece haberse agravado. Ante ello, es necesario redoblar la demanda por rigurosidad en cualquier fuente de información o propuesta que se genere desde el Ejecutivo. La oposición, a veces también contaminada por la improvisación en sus planteamientos, tiene aquí un papel importante que jugar.

Desde luego, acotar la discusión a las falencias en el ámbito del Presupuesto sería simplificar un problema profundo. Por cierto, cualquier error en las estimaciones de variables críticas debe ser erradicado, pues repercute instantáneamente sobre la salud de cuentas fiscales ya debilitadas. Sin embargo, no se puede descartar que esta situación sea manifestación de un problema de capital humano dentro del Estado mayor y de larga data, elemento que puede explicar no solo errores de diagnóstico, sino también de política pública.

Acumulación de reformas deficientes

Basta considerar lo que ha ocurrido en materia tributaria para reconocer las dificultades que Chile ha tenido en la última década en el diseño de reformas complejas.

A pesar de las alertas y cuestionamientos técnicos, durante la segunda administración de la Presidenta Bachelet se realizaron diversas modificaciones a nuestra legislación tributaria. El resultado ha sido una estructura impositiva más compleja y engorrosa, con cambios en el impuesto corporativo que han generado distorsiones y diferenciaciones en función de, por ejemplo, el tamaño de las empresas. Otros pilares de estos cambios fueron la supresión del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y la desintegración, al menos parcial, del sistema. El incumplimiento de las promesas de recaudación estimada dejó en evidencia las equivocaciones y falencias del diseño.

En el tiempo, y bajo diferentes ministros de Hacienda, se han realizado sucesivos intentos por mejorar la estructura impositiva resultante. La continua pérdida de competitividad del país, documentada por distintos rankings, da cuenta de lo poco efectivo de estas iniciativas. Ello en sí mismo constituye otra alerta respecto de las dificultades que por años ha enfrentado nuestro Estado para conducir reformas en temas complejos.

Hasta la fecha, los cambios al sistema tributario bajo la administración Boric han sido acotados. Se han centrado en reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por la vía de modificaciones en la estructura administrativa de Impuestos Internos, junto con nuevas normas para combatir la evasión y la elusión, así como iniciativas para perseguir los delitos tributarios y aquellos propios del crimen organizado. La realidad de no contar con un Congreso que permitiese avanzar en un conjunto más amplio de medidas acotó la ambiciosa agenda original, plagada de dificultades conceptuales que hubiesen multiplicado la incertidumbre.

Sin embargo, en las últimas semanas, la autoridad ha vuelto a insistir en nuevos cambios frente a los cuales surge la pregunta respecto de la capacidad técnica para arribar a soluciones satisfactorias.

Por cierto, ante el estancamiento económico y las dificultades para promover la inversión, la necesidad de reducir el impuesto corporativo desde el 27% actual es efectiva. Este sería en principio un cambio sin mayores dificultades técnicas. Respecto de un eventual nuevo nivel de la tasa, probablemente el 25% que considera el Gobierno no bastaría para generar suficiente actividad, sobre todo considerando que el promedio de los países de la OCDE es cercano al 23%. Tal vez esa distancia entre la propuesta del Ejecutivo con lo que sería una tasa que de verdad promueva del crecimiento —probablemente por debajo del 23%— sea el resultado de otro diagnóstico equivocado.

Algo similar podría estimarse frente a la aparente insistencia del oficialismo en desintegrar el sistema con un impuesto sobre los dividendos de un 16%, y a la idea de nuevos aumentos impositivos sobre las rentas más altas, a pesar de que ello afectaría a un grupo pequeño de contribuyentes que ya enfrentan una tasa marginal en el tramo superior de 40%. Ambos planteamientos parecen más propios de una motivación ideológica que técnica.

La acumulación de deficiencias en el diseño de propuestas y reformas también en otras áreas críticas sugiere que problemas de capacidad técnica dentro del Estado pueden estar operando como un impuesto que frena el progreso.

La dramática situación de nuestro sistema educacional es un ejemplo. A pesar de advertencias y alertas, una serie de reformas modificaron la estructura del sistema hace casi una década. Tal como lo muestran los resultados de la última prueba TIMSS (que se abordan separadamente en esta página), el país no ha mostrado mejoramientos e incluso en algunas áreas ha retrocedido. Pero tal realidad no parece incomodar a las actuales autoridades, muchas de las cuales estuvieron tras el diseño de aquellos cambios. El estancamiento educacional será un impuesto de gran impacto sobre nuestras pretensiones de crecer.

La situación de la salud, donde la fragilidad financiera del sistema ha sido llevada al límite, también ilustra una incapacidad para conducir un debate objetivo en materias de alto impacto social. Similar camino arriesga tomar el debate previsional. La propuesta del Ejecutivo esconde en su estructura un sistema de reparto financiado con impuestos al trabajo; mientras, la idea de solicitar ahora un préstamo a las personas para financiar a la brevedad beneficios previsionales no hace más que postergar transitoriamente el reconocimiento de las obligaciones fiscales asociadas a las promesas del Gobierno.