Un grupo de senadores, representantes de distintas sensibilidades, propuso una reforma al sistema político, siguiendo algunos de los lineamientos que planteó la Comisión Experta durante el segundo ejercicio constitucional. Como la propuesta redactada por el Consejo Constitucional, que había recogido dicha reforma, fue finalmente rechazada, su ausencia sigue siendo una falencia a la que muchos expertos adjudican parte de los problemas que enfrenta el funcionamiento de la política nacional.

La propuesta establece, básicamente, un umbral del 5% de los votos emitidos a nivel nacional en la elección de la Cámara de Diputados, para que los partidos políticos puedan acceder a representación parlamentaria, aplicable también a los independientes que integren la lista; si no, los cupos serán asignados proporcionalmente a las colectividades del respectivo pacto que superen el umbral; asimismo, cesarán en su cargo los diputados que renuncien al partido al que pertenecían cuando fueron elegidos, o que se cambien de él. Se incluyen, además, normas que suavizan la transición, flexibilizando temporalmente esos requisitos.

Estas medidas buscan dos cosas. Por una parte, corregir la tendencia a la fragmentación a la que el actual sistema electoral ha conducido —hoy existe una veintena de partidos representados en el Congreso—, lo que tiene nefastas implicancias para la gobernabilidad y para la posibilidad de estructurar acuerdos; como consecuencia de lo cual, urgentes problemas nacionales se arrastran en el tiempo, desprestigiando a la política frente a una población frustrada. Por otra parte, incentivar la existencia de partidos fuertes, muy necesaria si se desea reconstruir un camino de progreso para un país desesperanzado ante el estancamiento que la última década ha significado. La drasticidad que implica cesar en el cargo a un parlamentario por renunciar o cambiarse de partido sería el costo por pagar para reconducir el sistema político hacia una gobernabilidad responsable.

El fuerte rechazo que el proyecto ha generado en la Cámara entre representantes de los partidos potencialmente afectados, y entre independientes que también podrían serlo, es una muestra elocuente de por qué este proyecto es necesario, pero también ilustra lo difícil que puede resultar aprobarlo. Otros sectores han criticado la insuficiencia de estas medidas, al no tocar aspectos clave que han sido determinantes en la fragmentación política, como la actual magnitud de los distritos y la existencia de pactos y subpactos. En efecto, esta propuesta es perfectible, pero representa un punto de partida valioso. Por lo mismo, ha de tenerse cuidado frente a planteamientos que, demandando la necesidad de una reforma “en serio” —es decir, mucho más ambiciosa—, terminen sirviendo de excusa para no hacer nada.