Para que un caso delictual en Chile llame la atención, ya no basta con que sea un asesinato particularmente cruel ni que cause un alto número de víctimas: esas características son tan comunes que ya ni los medios periodísticos se sobresaltan. Pero lo ocurrido esta semana en Puente Alto ha estremecido al país. Para resumir los hechos, hay que comenzar con una guerra entre bandas que termina con un muerto, un hombre de 44 años que ni siquiera fue noticia. Sus compañeros, junto a familiares y amigos, comenzaron los preparativos para enterrarlo. Pero, en medio de esas labores, aparecieron los enemigos de la banda y comenzaron a atacar a los deudos con armas automáticas, disparando al menos 150 veces. Cayó muerto un adolescente de 17 años y quedaron gravemente heridos, entre otros, sus hermanos de 13 y 11. Trasladados a un consultorio, fueron perseguidos por los delincuentes, quienes presumiblemente querían completar los asesinatos de los niños. Al llegar al lugar de atención, amenazaron a los funcionarios con metralletas, diciéndoles que si salvaban la vida de los heridos ellos “reventarían el consultorio”. Luego de los hechos, el Centro de Salud Familiar suspendió sus actividades, pues, en palabras de la presidenta de los funcionarios, “no se puede trabajar así”. A las horas, apareció quemado el automóvil de los delincuentes, buscado por robo.

La sola narración debiera ser suficiente para inquietar a todo el país y conducir a un acuerdo para frenar la acción delictual fuera de control. Es tal el temor en que viven los vecinos de algunas comunas que no se atreven a formular denuncias: causarle un disgusto a quien pudiera ser miembro de una banda los pondría en situación de inminente peligro. Pero, según lo hace ver el alcalde de Puente Alto, las autoridades del gobierno central que examinan las cifras, con escaso contacto con los vecindarios, concluyen que en ciertos lugares los delitos violentos están disminuyendo por la reducción de las denuncias. Así se explica que poco tiempo antes hubieran bajado la categoría de la comisaría local, reduciendo la dotación.

Son muchos los que pagan las consecuencias. Las escuelas suspenden sus actividades ante los funerales narcos —en este caso, se cerraron un liceo y un jardín infantil— y los consultorios también se ven impactados. La suspensión de actividades allí afectó a quienes les correspondía control ese día, los enfermos cardíacos. Puede percibirse fácilmente, también, que el atractivo para profesionales de la educación o de la salud para trabajar en atención primaria queda puesto en duda si para atender a niños o a enfermos, hay que arriesgar la vida. En suma, es la sociedad toda la que se ve seriamente afectada por la acción violenta del crimen organizado.

Cada cierto tiempo las autoridades y la sociedad creen haber llegado a un punto en que no se puede continuar sin poner término a esta lacra. Pero no se advierten cambios de la magnitud necesaria. Son territorios que parecen tener sus propias leyes, donde el Estado de Chile tiene poca injerencia. El avance de estos grupos se ha comparado con el cuento de la proverbial ranita que va tolerando gradualmente el calor, sin percatarse del peligro, tal como los chilenos hemos ido aceptando la violencia criminal.