El fallecimiento del economista y exministro Sergio de Castro y el recuerdo de las políticas que implementó representan un momento propicio para reflexionar sobre las causas que impulsan el crecimiento económico. En el período actual, marcado por un bajo dinamismo y un creciente —aunque tardío— acuerdo respecto de la importancia de crecer como base para poder lograr avances sociales, la visión transformadora de De Castro retoma protagonismo. En efecto, la tarea llevada a cabo por el equipo que en los años 70, durante el régimen militar, lideró el economista de Chicago amerita una reflexión. Y es que, más allá del período en que desempeñó funciones públicas y de las turbulencias que significó para Chile la crisis de la deuda en los 80, su obra tuvo un impacto decisivo en la capacidad de crecer del país, como se manifestó con fuerza a partir de la segunda mitad de esa década.

El modelo de crecimiento impulsado por De Castro descansaba —en su esencia— en el rol de los precios en la asignación de recursos, en la medida en que reflejan adecuadamente los costos de producción, las preferencias de las personas y, finalmente, la escasez relativa de un bien. La distorsión en los precios, fenómeno dominante a comienzos de aquella década, generaba una mala asignación de recursos, la cual redundaba en una baja productividad de la economía. Impuestos, subsidios, fijaciones de precios y restricciones comerciales impedían que la asignación de recursos fuera hacia los sectores más productivos y en cambio estaba más bien orientada por un dirigismo semicentralizado, donde “alguien” definía las áreas que deberían impulsar el crecimiento del país. Aunque en la actualidad muchas de estas distorsiones no están presentes, no se puede desconocer el papel que juegan sobre la inversión los impuestos al capital o el impacto que tienen los impuestos al trabajo —ya sea en la forma de tributos directos o de cotización previsional— en la disposición a incorporarse formalmente al mercado laboral. Y es que, en buena medida, el debate actual tiende a desconocer el rol de los precios como asignadores de recursos.

Un segundo aspecto central en la visión de De Castro fue el respeto a la propiedad privada, violentamente vulnerada por el gobierno de la Unidad Popular. El reconocimiento y protección del derecho de propiedad no solo constituye una condición fundamental para alcanzar la libertad personal, sino que permite a los agentes económicos obtener los frutos del esfuerzo legítimo. Nuevamente, aunque una amenaza flagrante a la propiedad no es hoy parte de la agenda —con la excepción, por cierto, de lo que fue la propuesta constitucional de la Convención—, sí persisten muchos riesgos que pueden amagar este derecho. La crisis de seguridad pública, las tomas de terrenos, o también una maraña de instancias burocráticas con el poder de modificar expost permisos legalmente otorgados representan, de facto, formas de expropiación que debilitan este derecho. La amenaza creíble que suponen genera importantes reasignaciones de recursos hacia el exterior, como el país lo ha experimentado en los últimos años.

La disminución del crecimiento económico en Chile en la última década ha sido explicada por algunos analistas de izquierda a partir de la tesis de un “agotamiento del modelo”, lo que justificaría reemplazarlo por otro donde el Estado cumpliría un rol sustantivo impulsando una activa política industrial. Vale la pena reflexionar en qué medida tal pretendido agotamiento no es más bien el resultado de distorsiones en las señales de precios y de amenazas a la propiedad que están afectando los incentivos a la educación, al trabajo y a la inversión.