Varias de las fuentes de incertidumbre que afectaban a la inversión parecen estar quedando atrás. Desde luego, la amenaza al marco institucional que construyó el país en las últimas cuatro décadas se ha diluido. Por cierto, hay sectores específicos en los que subsiste la incertidumbre, pero el clima político y la presión que implícitamente impone la ciudadanía apuntan a reformas más graduales de las que la actual administración buscaba empujar. Al mismo tiempo, más allá de los riesgos geopolíticos que acompañan el desarrollo mundial, el contexto internacional para la economía chilena es superior al de años pasados. Sin embargo, para aprovechar esta nueva realidad, se requiere reforzar la gestión pública y, al mismo tiempo, lograr un equilibrio razonable entre los objetivos políticos, sociales, ambientales y económicos que el país aspira a satisfacer.

Esto no parece estar aún bien resuelto. Un ejemplo es lo que ocurre en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual presenta la cifra más alta en la última década —62 mil 300 millones de dólares— de inversión a la espera de una resolución de calificación ambiental (aunque no el número más alto de proyectos). Sin embargo, el sistema no logra controlar el tiempo que tarda la resolución de estas calificaciones. Así se desprende de un informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que reporta trimestralmente la situación de los proyectos que ingresan al SEIA. En el primer trimestre de este año, el número de meses promedio de tramitación fue de 18,6, lo cual, en perspectiva comparada, resulta elevado: en general, en los países donde existe esta información, dicho promedio se sitúa por debajo de un año. Por supuesto, hay casos en los que un proyecto específico se prolonga, pero hay que justificar debidamente la razón. Es algo que tiene lógica, porque la gran mayoría de los proyectos que se someten a estos procesos no tienen un impacto relevante en el medio ambiente.

Hace una década, la duración promedio de estas tramitaciones que reportaba la misma CChC era inferior a 11 meses. Este fenómeno, de extensión de los tiempos, también se vivió en la experiencia comparada. De hecho, existe, por ejemplo, una directiva de 2012 de la Comisión Europea que buscó poner coto a la situación y que produjo resultados interesantes. Para Chile, es muy importante que la duración de estas tramitaciones se controle. Muchos proyectos pueden ser desincentivados, desaprovechando la coyuntura actual. Estas demoras son formas indirectas, además, de cambiar el equilibrio que ha alcanzado el mundo político entre los objetivos económicos y ambientales y, en ese sentido, dan cuenta de un activismo burocrático que, en la práctica, reniega de los acuerdos de los representantes de la ciudadanía. El caso de la línea de transmisión Itahue-Hualqui, rechazada esta semana luego de cuatro años de tramitación, parece un ejemplo extremo del fenómeno.

Hay, por cierto, sectores que querrían darle más peso al cuidado del medio ambiente. El proyecto de ley que fortalece la institucionalidad en este ámbito —presentado junto con el que se ha dado en llamar de “reducción de la permisología”— aspira en la práctica a lograr ese propósito. Esto, sobre la premisa de fortalecer la evaluación técnica del sistema o “despolitizar”, según se argumenta, las decisiones en esta materia. La realidad es que constituye una manera de darles menos relevancia a otros objetivos de la vida en común y dejar en manos de los “técnicos medioambientales” el equilibrio entre ellos. Es razonable que las futuras generaciones puedan disfrutar de los bienes ambientales que el país tiene y, por ello, cabe protegerlos, pero esto debe ser apropiadamente balanceado con las múltiples necesidades materiales de las generaciones presentes, que tendrán niveles de vida inferiores a los de las generaciones futuras. Este es un aspecto que no parece tomarse en cuenta en la dinámica que se observa en medio ambiente. Por un lado, hay una tendencia a alargar los plazos de calificación y evaluación ambiental y, por otro, la voluntad de legislar para separar estas decisiones de otros objetivos sociales valiosos. Es una evolución que debe revisarse.