La sangre y el dolor han manchado el aniversario 97° de Carabineros y enlutado al país.

Por su crueldad y alcances, el atentado homicida contra tres policías en Los Álamos es el hecho de violencia más grave ocurrido en la macrozona sur, solo comparable con el asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay, hace una década. Arriesgar la propia vida es parte del juramento de cada carabinero y así lo asumen ellos y sus familias. Pero ni estas ni el país estarán nunca preparados para el horror de recibir los restos calcinados de aquellos seres queridos que se han entregado al servicio público.

Constituye este un nuevo testimonio de la profundidad del compromiso con Chile por parte de quienes integran el cuerpo policial, pero también impone una reflexión respecto de la situación de acoso sufrida por esa institución desde los hechos de octubre de 2019. Porque, aunque hoy la valoración ciudadana de Carabineros alcance niveles récord, no puede olvidarse que hace cinco años se inició una ofensiva que persiguió sistemáticamente deslegitimarlos, se hicieron campañas demandando su refundación y la Convención Constitucional aprobó un proyecto que hubiera alterado radicalmente su naturaleza. El propio proceso judicial que hoy enfrenta su general director —a punto de ser formalizado por una enrevesada figura de supuesta responsabilidad omisiva— es una evidencia de aquello y, por lo mismo, el carácter extemporáneo que, a ojos de muchos, hoy reviste. No resulta arbitrario establecer un paralelo entre la referida ofensiva y la acción terrorista de ayer: una vez más, se ataca a la policía uniformada por su papel como pilar en la defensa del Estado de Derecho, ya sea frente a la violencia callejera que asoló nuestras ciudades o a la de los grupos que operan en La Araucanía.

Lo sucedido, además, tiñe de precariedad los avances logrados en la macrozona sur desde la declaratoria de estado de excepción, hace casi dos años. Con orgullo, el Presidente Boric había destacado en la última Enade estos éxitos. Hoy queda claro que restablecer la paz en esa zona es una tarea de envergadura superior.

Y, a su vez, una mirada más amplia a la situación del país en materia de seguridad pública arroja un panorama alarmante: los primeros cuatro meses del año acumulan, junto con este atentado terrorista y la muerte antes de otro carabinero, la posible intervención extranjera en el secuestro y homicidio de un refugiado político y la constante acción de las bandas de crimen organizado en los núcleos urbanos.

Un gobierno desafiado en su credibilidad

Constituye todo este escenario un desafío inmenso para el Gobierno. En este contexto, tienen sentido las señales dadas por el Presidente y la ministra Tohá sobre la continuidad del general Yáñez: una salida en estas circunstancias sería un nuevo golpe contra el cuerpo policial, en especial considerando que, por las características de la responsabilidad que le atribuye la fiscalía, su imputación supone de algún modo un juicio a la actuación de toda la institución en los días del estallido. En cambio, resultan apresuradas las demandas de renuncias de autoridades de Interior. Transformar un hecho trágico en una disputa política menor no es más que un despropósito.

Dicho esto, sería miope desconocer que en esta materia el Ejecutivo sufre un problema severo de credibilidad que extrema las dificultades de su tarea. No se trata solo del contraste abismante entre lo que se afirma hoy y las posiciones sostenidas en el pasado por quienes integran el oficialismo, incluido el propio Presidente. La descalificación constante de las policías, la solidaridad hacia personas condenadas por graves hechos de violencia y hasta gestos como hablar del “territorio liberado de Temucuicui”, son parte de un acervo que hoy parece avergonzante. Debe reconocerse que, luego de decisiones tan lamentables como los indultos a “presos de la revuelta”, hubo el año pasado un giro en el Gobierno, el cual, haciéndose cargo del impacto nacional generado entonces precisamente por otras muertes de carabineros, decidió convenir con el Congreso una agenda de seguridad y dejar atrás ambigüedades en estas materias.

Aun así, subsiste en el oficialismo un núcleo duro que se niega a deponer las banderas del octubrismo. Aunque también presente en algunos sectores del Frente Amplio, tal actitud la representan en grado máximo el Partido Comunista y su directiva. Recién esta semana hubo una nueva muestra de ello: la colectividad cuyos dirigentes han sido más duros para demandar la salida de Yáñez, afirmando que “nadie está sobre la ley”, se ha cuadrado en la defensa del exfrentista Galvarino Apablaza, calificando de “persecución política” la solicitud de extradición para que responda la imputación de autoría intelectual en el homicidio de Jaime Guzmán. No es ni será la última demostración de doble estándar por parte de un PC que sin rubor autoproclama su “excelencia valórica”, entendiendo al parecer por ello el reclamo de inmunidad para quienes integran sus filas o gozan de sus simpatías. En circunstancias como las que vive el país, eso no solo es inaceptable, sino también un pesado lastre para el Gobierno, del cual dicha colectividad es partido eje.