La constatación de las deplorables condiciones que sufre la población penal —por la deficiente infraestructura carcelaria y el hacinamiento a que ella está sometida— ha dado lugar a un debate público respecto de la forma de abordarlas.

El ministro de Justicia afirmó que todo el sistema de justicia penal debería tener a la vista los datos de la población penitenciaria al momento de dictar resoluciones —prisiones preventivas, por ejemplo—, pues, “cuando se habla del Estado, el sistema de justicia es el Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público son el Estado. Esta es una responsabilidad pública, de todos los actores que participan del sistema de justicia”.

Sin embargo, las responsabilidades de cada una de esas instancias son distintas. La de los jueces es dictar justicia, con independencia del sistema carcelario; la del Ministerio Público es investigar los delitos y formular cargos, pero considerando la gravedad de los bienes jurídicos comprometidos y las reales capacidades del Estado para perseguir y sancionar las responsabilidades involucradas, priorizando los casos a los que se aboca; la del Ejecutivo es procurar que todo el sistema opere de manera adecuada y eficiente, lo que incluye mantener la infraestructura carcelaria necesaria, así como proponer legislación y políticas públicas acordes. Mezclar esas responsabilidades solo conduce a que ninguno realice bien su tarea.

Desde esta perspectiva, la situación carcelaria actual refleja, una vez más, las dificultades del Estado para llevar a cabo sus funciones adecuadamente. La lentitud que este exhibe para realizar sus tareas, la discusión ideológica paralizante con que muchas de las iniciativas de participación del sector privado son estudiadas y la escasez de recursos con que cuenta son algunas de las causas tras ese estado de cosas. Retomar el sentido de urgencia en la actividad estatal requiere que la ciudadanía, fastidiada por esa ineficiencia, lo exija en las elecciones periódicas de autoridades. Recurrir al sector privado, tanto para la construcción como para la operación de cárceles —esto último, al menos en carácter experimental—, es cada vez más necesario, dados la escasez crónica de recursos del Estado y los problemas que exhibe Gendarmería. Finalmente, aumentar la recaudación fiscal que permita financiar y corregir lo anterior, requiere convicción para retomar el crecimiento económico acelerado como aspiración nacional, algo que, lamentablemente, fue abandonado hace unos 10 años. Es, en efecto, el crecimiento el que permite incrementar la base impositiva de todos los actores de manera permanente.

Una crisis carcelaria como la actual se combate con más eficiencia estatal, y esta solo se conseguirá si el Estado moderniza con audacia su forma de operar.