Tareck el Aissami fue por años uno de los hombres fuertes del régimen de Nicolás Maduro, quien manejaba todo el entramado financiero y petrolero de la dictadura. Hoy está en prisión por “conspirar para hacer implosionar la economía venezolana”, pero todo apunta a que el dictador chavista quiso exponer su caso en una operación comunicacional diseñada ad portas de la nueva reelección que espera lograr —exclusión de opositores mediante— el próximo 28 de julio.

La trayectoria de El Aissami —a quien desde hace años Estados Unidos acusaba de narcotráfico— había sido de casi constante ascenso. Entre otros cargos, fue diputado, gobernador de Aragua, ministro del Interior, vicepresidente por 17 meses y, finalmente, poderoso ministro de Industrias y del Petróleo. Controló así PDVSA, la petrolera estatal, en momentos complicados de sanciones internacionales, las que evadió con un creativo plan de venta con criptomonedas. De hecho, fue el propio El Aissami quien lanzó el “petro”, la divisa que “coloca al alcance de todo el pueblo venezolano el mercado de monedas digitales”. Ahora, un año después de renunciar a PDVSA tras lanzarse una investigación por corrupción, la fiscalía lo ha acusado de vender petróleo ilegalmente y usar la criptomoneda como “método para pasar desapercibido por los controles financieros”.

En realidad, más que un gran operativo en contra de la corrupción —si ese era el objetivo, El Aissami debió haber sido enjuiciado hace años—, la detención del ex zar petrolero sella su caída en desgracia dentro del régimen. Esta ya había quedado en evidencia en marzo del año pasado, cuando se abrió el caso y fueron arrestados unos 50 personeros de su entorno. En ese momento se habló de la tensión que existía entre El Aissami y la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el hermano de esta, por el excesivo control que había adquirido y por la supuesta pretensión de una candidatura presidencial.

Ahora, la detención tardía de El Aissami, que estuvo con paradero desconocido todos estos meses —probablemente bajo arresto domiciliario—, parece más bien otra maniobra de Maduro de cara a las elecciones, un burdo intento por mostrarse como adalid de la lucha contra la corrupción, que persigue a quienes se enriquecen a costa del bienestar del pueblo. Algo similar ya hizo en comicios anteriores, también con altos directivos del petróleo. Tal vez busca, además, dar una señal a EE.UU., que observa escéptico el proceso electoral y debe decidir en los próximos días si repone las sanciones que levantó tras los acuerdos de Barbados, en los que el dictador se comprometió a permitir comicios libres y justos, y que ha roto flagrantemente.

Por cierto, sería iluso esperar un juego electoral limpio. Nicolás Maduro y sus secuaces no tienen incentivos para dejar un poder que ejercen sin contrapesos, con los organismos judiciales capturados y al servicio de los intereses del régimen.

En este panorama y cuando las autoridades chilenas demandan colaboración de sus pares venezolanas para aclarar el alevoso asesinato del teniente Ojeda, es oportuno tomar nota de la verdadera naturaleza de ese régimen y lo poco que hoy podría esperarse de sus instituciones y líderes.