La facilidad con que la Fundación Democracia Viva consiguió tramitar su personalidad jurídica y, posteriormente, acceder a fondos del Gobierno sin un procedimiento formal de selección, presentando un proyecto para el que no tenía experiencia previa, dividiendo el mismo en partes de un monto suficientemente bajo que le permitiera escapar al control de la Contraloría, y sin entregar garantías por los fondos recibidos, entre otras irregularidades, es una muestra de la falla que exhibe el Estado para realizar las tareas especificadas en sus procedimientos.

Como resultado de esa falla, la casi totalidad de las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que reciben algún tipo de financiamiento público quedaron bajo sospecha de haber actuado de manera asimilable al caso Democracia Viva. Los organismos encargados de revisar sus rendiciones de fondos o la entrega del financiamiento solicitado han introducido todo tipo de dificultades y restricciones a su operación, hasta el punto de que muchas de ellas no cuentan en este momento con los fondos necesarios para continuar su trabajo, a menudo de beneficencia, afectando finalmente a personas vulnerables a quienes ese beneficio estaba dirigido.

Es probable que, en muchos casos, más que actuar como si el trabajo que hacían requiriera ser revisado nuevamente, fue el temor que generó en los funcionarios del Estado un futuro sumario de la Contraloría lo que hizo a numerosos de ellos caer en el paralizante síndrome de “quien nada hace nada teme”. Como resultado, ello generó la actual desesperación financiera que fundaciones y corporaciones expresan con cada vez más fuerza y de manera pública.

Este péndulo operacional, desde la laxitud permisiva que premió a Democracia Viva hasta una cuasi parálisis procedimental en la que muchas de las fundaciones están sumidas, refleja, una vez más, las dificultades que exhibe el Estado para realizar sus funciones con propiedad en parte de sus servicios. Esto explica el escepticismo de muchos respecto de su capacidad para tomar tareas adicionales —manejo integral de la previsión, la salud, la educación o la producción de litio—, como el conglomerado oficialista anunció que haría durante la campaña previa a asumir el gobierno.

Las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro constituyen un área de actividad crecientemente más integrada al tejido de las sociedades modernas, que canaliza de diversas maneras iniciativas de personas motivadas para cooperar con el prójimo. Por ello, debería recibir una mirada comprensiva y colaboradora de parte del Estado, tomando, por cierto, los resguardos necesarios para evitar abusos, mediante procedimientos modernos, inteligentes, con tecnologías digitales que agilicen los trámites, pero que permitan que la ayuda social benéfica fluya adecuadamente.