Tildar de grave la crisis hídrica que se está viviendo en la Región de Coquimbo es quedarse corto. Las reservas de agua en embalses y acuíferos han alcanzado mínimos históricos. Más de la mitad de la superficie agrícola ya no puede ser sembrada porque, simplemente, está seco. La demanda hídrica es tres veces mayor a la disponibilidad de agua, impactando severamente a las comunidades rurales y al sector agrícola.

A pesar de las medidas adoptadas para priorizar suministro para el consumo humano, la situación sigue siendo crítica. Un ejemplo de estos esfuerzos es el que realiza Aguas del Valle, al negociar un nuevo acuerdo con la Junta de Vigilancia del Río Limarí para equilibrar las necesidades de agua para la agricultura y el consumo humano en los próximos meses.

Sin embargo, las proyecciones no son alentadoras: se anticipa que el suministro de agua para la agricultura local dependerá exclusivamente de las lluvias que puedan —o no— caer en los próximos meses, y para el período 2028-2029, se prevé que las fuentes de aguas continentales serán insuficientes para abastecer sectores urbanos importantes, incluyendo la conurbación Coquimbo-La Serena. Esta situación anticipa un “día cero” para esta zona, lo que ha generado un consenso transversal en la necesidad de desarrollar plantas desaladoras que produzcan agua de forma continua y confiable.

Pero no hay tiempo. El promedio para desarrollar estas instalaciones es de ocho años, lo que subraya la urgencia de actuar. En este contexto, el gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió licitar, en el segundo semestre de este año, una planta desaladora multipropósito a través del sistema de concesiones, optando por replicar el proyecto iniciado por Aguas del Valle y ECONSSA de 1.200 litros por segundo. No obstante, esta planta deberá abastecer ahora, tanto a la conurbación mencionada como al sector de Ovalle, para usos sanitarios y agrícolas, lo que en la práctica es casi imposible de cumplir con la capacidad de producción propuesta para la planta.

Adicionalmente, las autoridades informaron importantes cambios al proyecto original, que son determinantes para abastecer la demanda que es necesaria. Hoy es incierto quién llevará a cabo estos nuevos estudios, cómo se integrará este proyecto privado al sistema de concesiones y cuáles serán los impactos de estas modificaciones en la licitación programada para este año. Será crucial determinar el sistema de subsidios que permitan soluciones accesibles para todos los usuarios.

Las preocupaciones no son únicamente de la industria, sino que afectan principalmente a las personas, que ven amenazado el abastecimiento de este recurso fundamental. Existen muchas interrogantes sobre cómo se concretará el compromiso adoptado por el Presidente Boric, y la población espera respuestas claras y acciones efectivas.

Jorge Bofill G.
Director jurídico de Asociación de Desalación y Reúso de Agua (Acades)