El PIB tendencial busca medir la capacidad productiva de una economía en el mediano y largo plazo. En concreto, la medida estima el PIB que se registraría en caso de que los factores productivos se utilizaran con una intensidad normal y la productividad estuviese en su tendencia. En Chile, un grupo de expertos que acompaña a Hacienda en la formulación del presupuesto fiscal estima cada año el PIB tendencial descontando la minería.

De acuerdo a los cálculos de estos comités de expertos, en la década de 1990, el PIB tendencial no minero crecía al 6,5% anual en Chile. En la primera década de los 2000, este crecimiento había retrocedido al 4,2% promedio anual, y en la década que comienza el 2010, al 2,9% promedio anual. Para la década actual, se espera una tasa que apenas alcanza el 2,4% al año.

Al mismo tiempo, la productividad total de factores —que se asocia al crecimiento que no se explica por los factores productivos, una medida de la eficiencia en el uso de recursos— también viene desacelerándose desde hace al menos tres décadas, con reducciones importantes en su crecimiento desde mediados de la primera década de los 2000.

Algo similar ha sucedido con las exportaciones. De acuerdo a un estudio del FMI, previo al 2005, el volumen de exportaciones, la diversidad de productos y su complejidad crecían enormemente. Muchos de los productos que se incorporaron entonces a la canasta exportadora no estaban relacionados con recursos naturales, como bienes manufactureros asociados a telecomunicaciones, vehículos, maquinaria y medicamentos, además de servicios. Pero desde el 2005, aproximadamente, el número de productos exportados y su complejidad comenzaron a reducirse.

Fluctuaciones cíclicas, como el periodo de boom de precio del cobre, la reconstrucción luego del terremoto del 2010 y el gasto excesivo del 2021 escondieron posiblemente estas largas tendencias negativas, dilatando una necesaria conversación sobre las causas tras el menor crecimiento estructural.

Al no tomar la perspectiva necesaria, la discusión mediática sobre el crecimiento se ha centrado en lo observado en la última década, cuando los efectos estructurales se han vuelto más visibles, ignorando la historia más larga y sistémica de indicadores en deterioro. Hace una semana, en este mismo espacio, Eduardo Engel describió algunas de las hipótesis que rondan respecto de este menor crecimiento. En los medios, las más repetidas parecen ser la reforma tributaria del 2014 y los problemas asociados a una burocracia excesiva, la así llamada “permisología” que limitaría la expansión de la inversión. Algo de ello debe haber tras el menor crecimiento reciente, pero con la perspectiva de décadas, pareciera haber mucho más que eso en una explicación acabada.

Por cierto, hay que tomar en cuenta que es más fácil crecer rápido cuando se está más lejos de la frontera productiva y que Chile está bastante más cerca hoy de esa frontera que hace tres décadas. Asimismo, preocupaciones más recientes como el cambio climático y sus repercusiones socio-naturales obligan a hacer las cosas de un modo diferente.

Sin un diagnóstico completo, las políticas pueden tomar rumbos riesgosos. Por ejemplo, algunos sectores insisten en rebajar de manera sustantiva la tasa de impuestos corporativa. Efectivamente, esta tasa es más alta que la de la OCDE y merece revisión. Pero como la relación entre impuestos y crecimiento no es lineal, una reducción relevante no necesariamente llevará a varios puntos más de crecimiento. Al mismo tiempo, conlleva riesgos fiscales. Así lo entendieron los mercados en Gran Bretaña cuando la entonces Primera Ministra Elizabeth Truss propuso un agresivo recorte de impuestos que terminó en su pronta dimisión.

Al mismo tiempo, ha sido difícil implementar reformas que sabemos tendrán retornos relevantes en algún plazo si se hacen bien, pero que son incómodas para la política cuando afectan a grupos específicos de interés. Por ejemplo, la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo lleva 25 años esperando aprobación en el Congreso. Si ella es complementada con una mayor inversión en la primera infancia, se facilitaría la incorporación de más mujeres al mercado laboral y a la vez se fortalecería la educación, promoviendo el desarrollo de las personas y el país. De igual forma, promover la competencia en mercados específicos, como es el caso de notarios y el cabotaje marítimo, reduciría costos y elevaría la productividad.

Si el crecimiento es una real prioridad en la agenda, se requiere de una mayor perspectiva en el debate y un compromiso transversal por implementar reformas basadas en diagnósticos más sólidos. Por cierto, también requiere de una institucionalidad que incentive a la política a realizar reformas incómodas cuyos retornos no son inmediatos.