Nuevamente se encuentra en discusión en el Congreso la posibilidad de liberalizar el cabotaje marítimo, lo que permitiría a naves extranjeras transportar carga entre puertos chilenos, aumentando así las posibilidades de integración dentro del país y abaratando costos de transporte.

En la actualidad, la ley reserva el cabotaje de carga a naves chilenas, con muy pocas excepciones. Esta restricción impide el acceso de muchas embarcaciones con bandera extranjera que transitan por puertos nacionales y que podrían estar dispuestas a participar en esta actividad. Para fundamentar su exclusión, suele apelarse a cuestiones estratégicas o a la necesidad de impedir una supuesta competencia desleal por parte de foráneos, pero subyace a tales argumentos una visión proteccionista difícilmente justificable. En efecto, existen en el país intereses creados —tanto de navieras locales, sindicatos y pilotos chilenos, como del rubro camionero— que se benefician de una menor competencia en este mercado y también de la consiguiente mayor demanda por transporte terrestre, lo que les permite obtener mayores rentas y mejores condiciones laborales.

La liberalización del cabotaje tendría un impacto significativo desde un punto de vista económico. Diversos estudios han sugerido caídas importantes en los costos de transporte en el país, de permitirse una más intensa competencia, lo que redundaría en mayores beneficios directos para empresas y consumidores. Pero las ventajas van mucho más allá de los impactos directos de esta política. En efecto, así como los costos del comercio exterior distorsionan la asignación de recursos, desviando el trabajo y el capital hacia actividades poco productivas, algo similar sucede con los costos del transporte dentro de los países. Existe amplia evidencia internacional de las ganancias de productividad derivadas de una disminución de tales costos.

Este proyecto —así como otros de dimensión sectorial— puede ayudar, de ser aprobado, a impulsar nuestra competitividad. Pero, además, el curso de esta discusión puede ser revelador de cuáles son los verdaderos incentivos del mundo político en este ámbito y hasta qué punto privilegian el beneficio colectivo por sobre las presiones. A juzgar por la larga tramitación de iniciativas como esta —enviada al Congreso por la administración Piñera en agosto de 2021—, la influencia de grupos de interés en este tema parece ser importante. Es momento, por tanto, de que el Gobierno ratifique su compromiso para introducir mayor competencia en el mercado del transporte interno.