Señor Director:

Esta semana, el millonario escándalo en la Municipalidad de Rancagua se sumó al vergonzoso listado de municipalidades, de todos los colores políticos, que enfrentan serias acusaciones de malversación. Según declaró el fiscal regional de O'Higgins hace unos días, más de la mitad de los municipios en Chile están siendo investigados por corrupción.

Esta misma semana, el Presidente de la República anunció que ayer comenzarían a transferirse los fondos de la nueva Ley de Royalty Minero, que corresponden a $93.600 millones, monto que se duplicará en 2025.

Como contribuyente, me angustia saber que esta inmensidad de recursos públicos serán repartidos entre quienes han demostrado que no hacen un uso responsable de los mismos, y que no contemos con una Contraloría capaz de fiscalizarlos adecuadamente.

Creo que antes de haber repartido el primer peso, se debería de haber ocupado parte de estos recursos para financiar un sistema de auditorías, control y fiscalización realmente eficiente, que garantizara que se haga un buen uso de estos. Costo que sería en realidad una gran inversión para el país.

De lo contrario, es como hacer una transfusión de sangre a un paciente, sin antes detener la grave hemorragia que lo está matando.

Diego Vicente A.
Contribuyente