Luego de un 2023 en el que la economía chilena no mostró señales de recuperación, durante los últimos meses, distintas estadísticas han dado cuenta de una moderada activación. El crecimiento de 4,5% del Imacec de febrero fue recibido por la autoridad como una confirmación de tal tendencia. A esto se sumó una variación de IPC de 0,4% para marzo, una noticia positiva frente a cierta incertidumbre local por la volatilidad del tipo de cambio y su impacto en la inflación. El dato fue incluso usado por el ministro Mario Marcel para criticar lo que él interpreta como “sesgos negativos” de analistas.

En perspectiva, luego de los pésimos números de los últimos dos años, es natural que esas mejores cifras traigan algún alivio a los responsables de la conducción económica, incluso si ellas pueden ser interpretadas como el reconocimiento de que sus reformas estructurales no lograrán concretarse. Por otra parte, las bajas bases de comparación del primer trimestre de 2023 han jugado un papel importante en el impulso de la actividad, que probablemente será moderado durante los próximos meses. Lo que en cambio no parece destinado a moderarse es la compleja situación del mercado laboral. Los datos de la Dirección del Trabajo indican que, en los dos primeros meses de 2024, más de 86 mil contratos han sido terminados por “necesidad de la empresa”, lo que alimenta la preocupante duda de si cualquier dinamismo laboral positivo pudiera estar más bien asociado a trabajos informales o a aquellos dependientes del Estado.

Pero es necesario comprender el complejo escenario que vive Chile más allá de la contingente discusión sobre lo que ocurre mes a mes. El país ha experimentado un retroceso significativo en la última década, impulsado por una crisis institucional que la clase dirigente no ha logrado resolver y que encuentra en un modelo político-electoral pro atomización y polarización de la política uno de sus principales problemas. Las elecciones de noviembre servirán de primera prueba para evaluar si el voto obligatorio penaliza la radicalización en materia económica que ha caracterizado el debate público.

Chile mirado desde fuera

Así, mientras las autoridades celebran resultados puntuales, no es posible obviar las alertas originadas en nuestra caída en distintos rankings internacionales en materias tan amplias como gobernanza, estabilidad política y el resguardo de los derechos de propiedad. El empeoramiento en la clasificación de nuestra deuda es otra manifestación del problema. Lo mismo ocurre con las dificultades para impulsar la formación bruta de capital fijo (inversión) que enfrenta la actual administración o la alta volatilidad de nuestro tipo de cambio por los diferenciales de tasas con el extranjero. Chile dejó de ser un ejemplo de progreso a nivel mundial.

Esta conclusión resulta confirmada por el último ranking de Economist Intelligence Unit (EIU), que identifica los mejores lugares del mundo para hacer negocios.

En su versión 2024, la lista es liderada por Singapur, Dinamarca, Estados Unidos, Alemania y Suiza. Tal como indica el reporte de EIU, estas economías avanzadas tienden a ser apuestas seguras para las inversiones, con un crecimiento del PIB per cápita estable. En cuanto a las naciones que muestran mayores avances en el último año, emergen Grecia, gracias a sus mejores condiciones de financiamiento, y Argentina, por los avances en su agenda pro libre mercado y su foco en políticas de atracción de inversión extranjera directa, comercio internacional y flexibilización de controles cambiarios. A nivel mundial, se destaca además India, un país con una sociedad más joven que la de China y con altos niveles de capital humano.

En el caso de Chile, el ranking nuevamente da cuenta de los costos que han traído para nuestra competitividad las políticas originadas desde la izquierda. Pero antes de analizar el resultado puntual, es necesario recordar que ya en la versión 2023 del estudio el país había aparecido entre los de mayor retroceso a nivel global, con una caída de 9 posiciones, el mismo desplome de Bahrein, solo superado por China (11 puestos). Entre los factores explicativos estaban la incertidumbre política por el proceso constitucional y los planes de expandir el rol del Estado por parte de la administración Boric.

En la versión 2024, Chile vuelve a sufrir una caída significativa, pasando del puesto 22 al 30. La promoción de políticas que no son favorables para el desarrollo de iniciativa privada, ilustrada por la decisión de forzar una asociación con el Estado para el desarrollo de actividades en torno al litio, es señalada como uno de los factores incidentes. Adicionalmente, se mencionan las reformas en el área del trabajo, que han incluido la expansión del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. La polarización política y el problema de la seguridad pública también contribuyeron al retroceso.

Una innovación en la última versión del estudio es un análisis formal del poder predictivo de su índice de ambiente de negocios. Utilizando modelos estadísticos, la publicación concluye que, en promedio, un cambio puntual en tal indicador tiene un impacto positivo sobre el crecimiento per cápita del PIB durante los cinco años subsiguientes, identificándose, además, mayores niveles de inversión (per cápita) como un motor de tal impacto. De ser así, la brusca caída de Chile debe ser interpretada y atendida seriamente. Es tiempo de que el Gobierno y las dirigencias políticas asuman que el costo de los errores de la última década ha sido inmenso, que la economía nacional ha estado virtualmente estancada y que para revertir la situación es necesario dejar de lado las ideas que nos mantienen rezagados.