Al viernes 5 de abril, más de 800 escolares en Chile no tenían matrícula. Increíble e inadmisible.

Sorprenden por su liviandad las explicaciones de las autoridades del Mineduc, para justificar que cientos de niñas y niños estén en el aire, y no aprendiendo a leer o las cuatro operaciones matemáticas, recorriendo nuestra historia o preparándose para la educación superior.

Para desenredar los problemas del Sistema de Admisión Escolar (SAE o tómbola), el mecanismo centralizado para asignar matrículas que impuso la Ley de Inclusión, el Mineduc contrató un software, al que bautizó como “Anótate en la lista”.

Como tampoco está resultando, la subsecretaria Alejandra Arratia dice que “hemos empezado ya un proceso de evaluación” (del mentado software). Lo que en diciembre o enero habría sido una decisión normal, un mes después de iniciado el año escolar es escandalosa.

Paralelamente, justifican el desastre en la insistencia de las familias por matricular a sus hijos en colegios de “alta demanda”.

O sea, el ministerio tendría buenas intenciones, que se estrellan con la porfía de madres y padres de aspirar a la mejor opción para sus hijos. Se les reprocha que no se rindan, cuando los establecimientos asignados por la tómbola tienen pésimos resultados, paralizaciones frecuentes durante el año; o reglas de disciplina relajadas.

Adicionalmente, más de 37 mil alumnos están sin clases en Antofagasta, por un paro de profesores que lleva semanas. Cerca de 200 mil niños (las cifras son confusas, podrían ser más) han abandonado la escuela en los últimos años. Y el ausentismo escolar alcanza niveles críticos.

Conviene no olvidarlo: todo esto ocurre en el gobierno encabezado por los autores de la “educación gratuita y de calidad”. Es cierto que la maraña burocrática, SAE y Servicios Locales incluidos, más las reglas imposibles para la creación de nuevos colegios subvencionados, también impuestas en la Ley de Inclusión, se habían implementado antes de que aterrizaran en La Moneda.

Pero fueron el Frente Amplio y el Partido Comunista los que sembraron de consignas la educación. Y presionaron hasta que las reformas vieron la luz en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Son también el único sector político que defiende hoy con dientes y uñas los cambios que han puesto a la educación pública y subvencionada de rodillas. Ahogaron la libertad para crear proyectos educativos y el derecho de los padres a elegir entre ellos. Cerraron por fuera la puerta de los liceos emblemáticos, esos baluartes que formaron a generaciones de profesionales de familias pobres y de clase media.

El reclamo del desastre heredado tampoco aplica, cuando llevan más de dos años gobernando. Si todo lo sabían para tener la educación de Finlandia, asuman hoy la responsabilidad.

En un apasionado discurso en la Cámara, la entonces diputada Camila Vallejo celebraba que la Ley de Inclusión pondría fin al “sistema neoliberal impuesto por la dictadura y diseñado por los Chicago boys”. Cerraba su alocución anunciando que había llegado la hora de “hacer un cambio y ¡correr el riesgo!”.

El riesgo se corrió y acá estamos, en el peor de los mundos. Con un sistema echado a perder a punta de ideología; y autoridades malas para la gestión, que siguen defendiendo el modelo por el cual marcharon alegremente durante meses por la Alameda en el 2011.

El ministro Cataldo —por cierto, con habilidades para navegar políticamente en aguas turbulentas— se queja de que en la oposición “usan a niños como herramientas para disputas políticas”. Probablemente esperaba acatamiento sin chistar, mientras ellos niegan la obligación esencial del Estado de garantizar el acceso a la educación.