La constante crisis política de Perú de los últimos años parece acentuarse con la irrupción de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de la Presidenta Dina Boluarte. El allanamiento al Palacio de Gobierno y a la casa particular de Boluarte fue una medida extrema de la Fiscalía, inducida por lo que, señalan, fue la falta de cooperación de la Presidenta, y que viene a remecer su debilitada gestión.

Enfrentada a una arremetida de diversos sectores que la critican por su silencio sobre el origen de relojes y joyas, que no incluyó en su declaración de bienes al asumir el cargo, deberá presentarse en breve ante los fiscales para aclarar la procedencia de esos artículos. En tanto, adversarios en el Congreso ya presentaron una moción de vacancia que, sin embargo, no parece tener posibilidades de prosperar por la falta de voluntad de una mayoría de legisladores que, al no haber reelección parlamentaria, se resisten a perder sus escaños si llaman a comicios anticipados. Las elecciones generales están programadas para 2026, cuando termina el período presidencial iniciado por Pedro Castillo, destituido luego de una intentona golpista. Boluarte, por su parte, ha reiterado que no tiene intenciones de renunciar, aun cuando ha recibido presiones para abrir la puerta a una salida constitucional que ayude a destrabar la crisis que tiene paralizada la política peruana.

No parece adecuado que una alta autoridad se resista a dar explicaciones sobre un caso que preocupa a la opinión pública y que, como han señalado algunos gremios productivos, debilita la democracia y afecta el desarrollo, generando inestabilidad y dañando la imagen internacional del país. Para un gobierno surgido de las cenizas de otro que cayó precisamente por corrupción —hay que recordar que Castillo lideró una administración marcada por los casos de faltas a la probidad— es inaceptable que no se actúe con transparencia y se niegue a dar cuenta de sus responsabilidades. Puede que Boluarte logre aclarar el asunto ante los fiscales y supere la investigación sobre su desbalance patrimonial, pero difícilmente se recuperará del desprestigio que le ha traído este escándalo.

Se ha hablado largamente sobre cómo Perú ha logrado sostener las bases de su economía en medio de toda la inestabilidad política de la última década. Con todo, y como lo ha hecho notar el presidente del Banco Central peruano, la crisis institucional sí está afectando su capacidad de crecer: según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el PIB retrocedió en 2023 un 0,55%. Aun así, la apuesta del gobierno es que 2024 sea el “año de la recuperación”, con un crecimiento esperado de tres por ciento, siempre que el fenómeno climático no golpee a sectores como la pesca y la agricultura.

Cómo saldrá la Presidenta de esta delicada situación política está por verse, pero ya se habla de un cambio de gabinete para tranquilizar a algunos sectores, lo cual, es evidente, no solucionará la crisis de fondo. Mientras Boluarte dependa de congresistas que muchos consideran responden a intereses personales (e incluso delictuales), su situación será precaria y se repetirán casos como este en los que ella estará vulnerable.