Conmoción han causado las noticias de que el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, habría entregado al abogado penalista Luis Hermosilla información confidencial relativa a investigaciones penales en curso, en algunas de las cuales el abogado ni siquiera tenía la calidad de interviniente. Los mensajes entre ambos también sugieren que la máxima autoridad policial habría tenido alguna intervención en el ocultamiento de la hoja de vida de su antecesor, Héctor Espinosa —quien también es penalmente investigado por diversos delitos—; dan cuenta de cultivadas relaciones de amistad del abogado con ambos jefes policiales, e incluso revelan la intermediación de aquel a favor de otros abogados para obtener atención de estos jefes. Las pesquisas que se realicen sobre los dispositivos incautados podrían revelar más situaciones similares e involucrar a más personas.

Hasta el momento, los antecedentes dan cuenta de una verdadera cultura del amiguismo y de una comprensión torcida de la lealtad, como si esta pudiera seguir siendo algo bueno cuando transgrede la ley y los mínimos deberes éticos. Conforme a esta cultura, el problema de hacer desaparecer una hoja de vida desfavorable para un excolega está en que la maniobra sea descubierta y no en que pueda afectar a la administración de justicia. La revelación de secretos que se poseen en razón del cargo para favorecer a un cercano no solo se considera algo “natural”, sino incluso algo debido en razón de esa torcidamente entendida lealtad. Esta cultura es aprovechada por algunos que tienen la capacidad de manipular a sus contactos, mientras cobran a sus clientes por la información y las ventajas que ellos les proporcionan.

Pareciera entonces que lo primero que habría que hacer es dejar de lado la hipocresía y preguntarse cuán enquistada se encuentra esta forma de razonar en la vida cotidiana de los chilenos. Gran parte de los males que aquejan al país, desde la inveterada corrupción en pequeña escala hasta la escasa productividad, tiene su causa en esta arraigada preferencia por el interés personal del corto plazo por sobre el cuidado de las normas y límites que hacen posible la vida en común y el desarrollo social. Una educación pobre y cosista, la estrechez de horizontes por falta de puntos de comparación, la decadencia de las instituciones que proporcionaban modelos a seguir e ideales a los que aspirar, entre otros factores, pueden haber contribuido.

El caso de los audios del abogado Hermosilla y del exdirector general de la PDI constituyen una oportunidad invaluable para exponer y sancionar no solo penal, sino sobre todo socialmente las manifestaciones de esta cultura que impide el desarrollo del país. Las grandes reformas institucionales de comienzos del siglo XXI trajeron consigo una conciencia mucho más clara de la nocividad de los monopolios y los carteles. Otro tanto ocurrió pocos años después con el abuso de la información privilegiada en el seno de una élite pequeña y compacta. En ambos ámbitos falta mucho por hacer, pero se ha avanzado bastante. Lo mismo debe ocurrir ahora, al menos con similar despliegue institucional y social, con la cultura del amiguismo, la falsa lealtad y el favorecimiento de personas cercanas por quienes ocupan alguna posición de poder. Esta es una verdadera batalla cultural y, además, una que tiene el potencial de unir a todos los chilenos.