Han sido cientos de columnas en el mundo que se han titulado igual a esta. No se trata, por tanto, de nada ingenioso ni perspicaz, pero en circunstancias como las que vivimos es inevitable invocar esa vieja frase del viejo poeta romano Juvenal (“Quis custodiet ipsos custodes?”).

En momentos en que el país vive la peor crisis de seguridad de su historia; donde la mafia, el narcotráfico, los trenes de Aragua y la delincuencia común rebasan cualquier estimación, el país se ha enterado de que la policía civil, una de las instituciones que cuentan con mayor confianza ciudadana, estaba en manos de un corrupto.

Y si no es por el Iphone 14Max de Hermosilla no nos enteramos.

Esto, sin duda, está recién comenzando. El teléfono de Hermosilla puede transformarse en una mezcla de caso SQM, Caval y MOP-Gate. Todo junto. Es que pasaban demasiadas cosas por el celular de Hermosilla. De todos lados.

El burdo intento de la ministra Camila Vallejo de llevar agua a su molino no hace más que recordar la misma simpleza del entonces también joven ministro Peñailillo, y en el que terminaron —como diría Enrique Santos Discépolo— en el mismo lodo todos manoseados (incluido, por cierto, él). Se encontrarán delitos de cuello y corbata, sin duda, pero se encontrarán probablemente muchas cosas más, incluida la política.

Las 777 mil páginas de conversaciones de Hermosilla no solo darán cuenta de cuán extendida está la corrupción en Chile, sino que sus alcances serán insospechados. Y, de paso, quedará una vez más desacreditada “la probidad del chileno”.

El chat con el ahora exjefe de la PDI Sergio Muñoz Yáñez representa solo el 0,02% de sus mensajes. Pero es suficiente para dar cuenta del estado de descomposición.

Muñoz entregó a Hermosilla información sobre su antecesor, Héctor Espinosa, también formalizado por lavado de activos el 2021 y cuya hoja de vida desapareció extrañamente y nunca fue entregada a los fiscales que investigaban la causa. Paradójicamente, Hermosilla era el abogado defensor.

La pregunta de fondo es cuántos Hermosillas más hay (abogados que obtenían información espuria de la PDI) y cuántos Muñoz más hay (funcionarios públicos corruptos que atendían a Hermosilla). No hay datos, pero es imposible no pensar que son muchos. Que la descomposición es brutal.

El problema que hoy radica en la PDI es un problema extendido además a las otras fuerzas armadas y de orden. Es imposible soslayar que Carabineros tiene cuentas pendientes con la justicia chilena derivadas del llamado caso Pacogate, un caso de corrupción que suma más de 30 millones de dólares. Por su parte, el Ejército tiene a varios de sus excomandantes en jefe procesados por desfalcos relacionados con la compra de propiedades, autos de lujo, viajes, fiestas y turismo con recursos fiscales.

Así, el tráfico de influencias, la corrupción, el cohecho se empiezan a enquistar a lo largo de las instituciones mucho más rápido de lo que puede reaccionar el Estado para abordarlos. Mientras tanto, más y más territorios del país empiezan a quedar al margen del control del Estado y nuevos cuerpos aparecen en frazadas al borde de las carreteras.

La demanda ciudadana de orden y seguridad no va a parar de crecer. El Gobierno, preso de sus dichos del pasado, de su falta de ideas, pero —peor aún— atado de manos y entregado a instituciones que quedaron superadas por los hechos, no tiene cómo abordar el problema. Y ese es el efecto político más peligroso. La oferta del “paladín del pueblo” que solucionará el problema, pero que termina —tal como advierte Platón en “La República”— siempre convertido en un tirano.

Tal vez no queda más que recordar que cuando Pandora atinó a cerrar la caja que contenía todos los males del mundo, solo quedaba en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza, el único bien que los dioses habían metido en ella. Hoy parece que no queda más opción que aferrarse a ella, porque el cuadro general es trágico.