La angustia por el aumento de la criminalidad ha provocado urgente demanda de despliegue de militares. La inseguridad es el principal reclamo ciudadano, según 73% de los encuestados por Black&White. Le sigue la migración, con un 39%. Más abajo se sitúan educación, economía, salud, pensiones, vivienda y otros problemas sociales insatisfechos.

La desesperación, por legítima que sea, conduce a catastróficas decisiones. Estamos al borde de ello con la solicitud para incorporar a las fuerzas armadas en la gestión de la seguridad pública, más allá del resguardo excepcional de la infraestructura crítica y las fronteras, para lo cual sí cuentan con entrenamiento y medios apropiados.

La delincuencia atraviesa múltiples factores, desde la educación a la gestión policial. Hay consenso en que las policías están sobrepasadas, principalmente por exiguas dotaciones y recursos, según comparaciones internacionales. La insuficiencia puede suplirse con medidas organizativas de mayor eficiencia, entre otras la eliminación de labores administrativas que pueden prestar civiles; delegación en funcionarios municipales para ciertas constancias; estímulos para llenar plazas vacantes y adicionales, e incorporando policías retirados y, luego de cursos especiales, de los que han cumplido con la conscripción.

La Constitución separa los campos de acción entre las instituciones castrenses y policiales. A las policías les entrega el orden y seguridad pública; excepcionalmente, como último recurso, a los militares, la seguridad interior, en los estados de excepción, por disposición de los poderes civiles.

Hay razones de peso para esta separación: diferentes entrenamientos, propósitos, capacidades, equipamiento, información de inteligencia disponible y riesgos políticos de una y otra.

No basta con delimitar los campos de acción. Es necesario precisar reglas claras de uso de la fuerza (RUF) que den garantía a los militares de que su debido cumplimiento les permita ejercer sus mandatos, sin incurrir en responsabilidades penales. ¿De qué sirve el poder disuasivo militar en situaciones críticas, salvo para su desprestigio y riesgo de vida, estando inhibidos de actuar? Sucede en la frontera, donde miles de migrantes ingresan ilegalmente, y ocurre en estados de excepción cuando militares y policías, respondiendo en legítima defensa, terminan encarcelados, parapetados o huyendo humillados.

Los parlamentarios llevan meses condicionando las RUF con desconfianza en los militares, al extremo de que hay resistencia a que comparezcan al Congreso los comandantes en jefe para dar su opinión profesional y técnica, por equivocada creencia de que ello es deliberación.

Las autoridades no pueden eludir sus responsabilidades de fortalecer las policías, deben asumir los riesgos de incluir a los militares en el resguardo de la seguridad interna, y no pueden omitir la obligación de protegerlos en los casos excepcionales en que son requeridos.