La reforma de pensiones ha generado un acalorado debate público por largos años. Esta discusión ha ido, por cierto, mucho más allá del ámbito técnico, lo que no es sorpresivo considerando la importancia que el sistema de pensiones tiene para las condiciones de vida en la vejez, así como para el funcionamiento del mercado laboral, cuyas consecuencias enfrentan los trabajadores activos.

Así, la politización del debate en esta materia resulta en buena medida inevitable. Y junto con el enfrentamiento entre concepciones ideológicas opuestas respecto del rol del Estado o de los privados en la provisión de servicios básicos, la introducción de argumentos de carácter electoral o cortoplacista —típicos en una discusión politizada— tiende a opacar las consideraciones técnicas. Por esta razón, es especialmente relevante que el debate parlamentario y la formación de la opinión ciudadana reciban el aporte de entidades públicas que provean información objetiva respecto del funcionamiento del sistema, sin que ello las lleve a entrar en la arena política. En otras palabras, un diálogo informado y bien orientado requiere de instituciones que sepan mantener la orientación técnica en la discusión y que por lo mismo sean reconocidas transversalmente.

Dentro de estas instituciones resalta el papel de la Superintendencia de Pensiones. Ello queda de manifiesto en la Ley 20.255 que, junto con mandatarla a fiscalizar las instituciones reguladas, dictar normas, interpretar leyes (en materias de su competencia), y aplicar sanciones por infracciones a la ley o a dichas normas, le permite efectuar estudios técnicos y actuariales para el ejercicio de sus atribuciones.

La cautela en el actuar de las autoridades en este caso es de especial importancia. La doctrina que caracterice sus intervenciones debiera ser la de ceñirse exclusivamente a las materias propias de su mandato. La tentación de intervenir en aspectos más ideológicos o políticos del debate puede desviar la discusión o favorecer unas u otras posiciones en lo inmediato, pero en el largo plazo inevitablemente ello termina socavando la solidez del organismo. El fortalecimiento institucional en su quehacer delimitado por la ley —y no por el gobierno de turno— debe representar uno de los principales objetivos de toda institución pública. Es importante que sea esta la máxima que guíe las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones en el actual debate previsional.