E l Senado aprobó el proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas, el tercero en los últimos años, y que tiene como objetivo resolver los problemas derivados del Mecanismo de Protección al Cliente, el que habría significado alzas más que considerables en las cuentas. Con la nueva legislación, las alzas debieran ser menos abruptas, pero podrían extenderse hasta 2035. Además de pagar el costo real del consumo eléctrico, los clientes soportarán un cargo adicional para hacer frente a la deuda acumulada desde la primera congelación de tarifas, y que se estima en alrededor de US$ 6 mil millones.

Las alzas de tarifas serán diferenciadas, de manera que los mayores consumidores, con más de 350kWh/mes de consumo, comenzarían a pagar el primer semestre de 2024.

Ellos pagarían por energía el precio regulado, más un recargo de $22/kWh hasta 2027, cuando este se reduciría a $9/kWh. Para los consumidores bajo el tope de 350kWh, el alza completa se posterga hasta el próximo año. Durante este año comenzarán pagando la tarifa actual, reajustada por IPC, y el segundo semestre el precio regulado, pero sin recargo. Además de los mayores precios por consumo eléctrico, habrá un aumento adicional porque se descongelarán los cargos de distribución, sin modificaciones desde fines de 2019.

Para evitar que familias de bajos recursos sufran en exceso, se diseñó un subsidio transitorio (hasta 2026), que beneficiaría a más de un millón de hogares del 40% de menores ingresos. Este, de US$ 120 millones anuales, será pagado casi en su totalidad por los demás consumidores, con una contribución simbólica del Estado de US$ 20 millones al año. Sería interesante conocer cuánto de los $22/kWh corresponde al subsidio cruzado y cuánto va a pagar la deuda.

Un aspecto positivo de la ley es que finalmente se sincerarán las tarifas. Pero para esto además se requiere que se promulguen los decretos de precios de nudo y de valores agregados de distribución, materia en la que el Gobierno ha sido tímido en el pasado. Si no lo hace, los problemas de incertidumbre en el sector continuarán aumentando, así como la deuda.

Otro punto delicado es la tentación que tendrán los usuarios de mayores ingresos para instalar placas fotovoltaicas en sus casas. Son los hogares de mayor consumo, y más castigados por los recargos. Sus casas son de mayor tamaño y con más espacio para estos equipos, y les es más fácil pagar los costos iniciales de instalación. Esto les permitirá reducir el costo del consumo eléctrico, y podrán vender la energía excedente producida de día a un valor de aproximadamente un 50% del costo del kWh residencial. Estos incentivos a instalar placas solares reflejan los problemas de un esquema de tarificación que castiga el consumo, traspasando recargos y costos fijos (como el costo de distribución) al cargo variable por consumo.

Una vez resuelto el problema de los retrasos tarifarios, es el momento de abordar temas de más largo plazo que han sido dejados de lado por esta urgencia. Es necesario reformar la Ley de Distribución para inducir las inversiones requeridas para pasar a un sistema inteligente y con generación distribuida; es probable que también sea necesario evolucionar desde un despacho de centrales administrado a un sistema de ofertas, e impulsar otras reformas que favorezcan la electrificación de actividades de transporte y de procesos productivos. Ello ayudaría a cumplir nuestros compromisos para enfrentar el cambio climático.