Me demoré menos de un año en construir una casa y cinco años en recibirla, a pesar de tener todos los permisos. Si eso me demoro en una ‘pinche' casa, ¿se imagina lo que demora cada empresario en desarrollar un proyecto complejo? Por supuesto, el Estado tardó menos de un mes en avisarme que ahora me subiría las contribuciones (para ser “solidarios” y financiarles sus pensiones de gracia a pedófilos y condenados por violencia intrafamiliar). Para ayudar, el Estado se mueve en tiempos geológicos; para cobrar, a la velocidad del rayo. El ministro Grau ha identificado casi 400 permisos para llevar adelante un proyecto. Esto es de locos y escapa de toda racionalidad.

Para los que no han emprendido, les contaré algunos casos reales. En marzo de un año cualquiera, un proyecto inmobiliario fue detenido por la autoridad ambiental para trasladar todas las lagartijas del sitio donde se construirían viviendas sociales. Remover lagartijas requiere autorización del SAG, el que prohibió hacerlo hasta octubre, cuando se aparean. Aparentemente se encuentran distraídas en otros menesteres, lo cual facilita su captura. En octubre, una empresa especializada removió las 15 lagartijas que encontró para sexarlas y trasladarlas a un “spa” de lagartijas a un costo de varios millones de pesos por cada una.

En Tomé se prohibió un proyecto de 130 millones de dólares para explotar “tierras raras” porque se afectaba un árbol nativo denominado “Naranjillo”. Por cuidar unos pocos naranjillos descuidamos miles de trabajos para personas de carne y hueso. Con los impuestos que iba a pagar ese proyecto, el Estado hubiera podido construir el vivero de naranjillos más grande del mundo. Pero es más fácil prohibir que construir.

Recientemente, la Superintendencia del Medio Ambiente paralizó un proyecto de torres de alta tensión (Nueva Alto Melipilla-Casablanca-Agua Santa), porque las obras ponían en peligro los “geófitos” (plantas que existen en todas partes). Después nos vamos a quedar sin luz por culpa de los neófitos del Gobierno, donde por supuesto nadie se hará responsable. Ahora, en Punta Piqueros —donde era más fácil encontrar preservativos que gaviotas—, demolerán un hotel de 5 estrellas porque el Estado le hizo la desconocida a los permisos previos, seguida de una encerrona burocrático-legal a los inversionistas. Y, finalmente, la guinda de la torta son las caletas con perspectiva de género. Una novedosa contribución de este Gobierno: caletas donde se asolean sirenas sin locos, choros ni tiburones que las acosen.

El Estado contrató a 100 mil funcionarios adicionales, que ganan más y trabajan menos que usted (33 días de licencia de promedio, más seis días administrativos, más vacaciones). Esto equivale a dos estadios nacionales llenos de empleados que no se dedican a servir al público: son inspectores, activistas o fiscalizadores que obstaculizan el avance del país. Para darle pega a los ‘camarades', el Ministerio de Medio Ambiente inventó un nuevo organismo denominado “Oficina de transición socioecológica justa”, más conocido como la “OTSJ” (organismo imprescindible inspirado en algún sketch de Les Luthiers). Y, por último, para darle el golpe final al emprendimiento, Marcel presenta un proyecto tributario de terror, que solo le falta autorizar al SII la tortura física del sufrido contribuyente —porque la emocional y financiera ya la practica.

Así, no es raro que nuestros países terminen eligiendo a los Bukele o a los Milei, porque la casta es ciega y sorda. Por eso, como dijo Milei, los héroes de verdad —aquellos que no tienen pensiones de gracia ni subsidios— son los empresarios, porque siguen tratando que progresemos a pesar de los esfuerzos de políticos y funcionarios por impedírselo. Si la democracia no es capaz de generar prosperidad ni seguridad, se debilita. Por eso mis reservas respecto del compromiso con la democracia de quienes nos gobiernan. Su ideario impide el progreso y en su praxis estancan la economía, disuaden la natalidad, deterioran la educación y homenajean, indultan y pensionan a delincuentes.